Y es que María José Caride, concelleira viguesa de Urbanismo, presentó una moción (y logró apoyos para aprobarla) en la que insta a la Xunta de Galicia a reformular el anteproyecto de la Lei de Ordenación do Territorio de Galicia, un instrumento que, según la edil socialista, servirá para que promotoras inmobiliarias puedan quedarse con montes expropiados previamente.
«Pongamos por caso que hay montes comunales en Mos y la Xunta los declara de interés general para que una sociedad con sede en México se los pueda quedar», señaló durante su intervención en el pleno ordinario de noviembre.
Caride alertó del riesgo » gravísimo» si llega a aprobarse la ley y calificó como un «escándalo» la posibilidad de expropiación de monte a favor de promotores «a dedo» y sin ser propietario «ni siquiera de un metro de terreno». La moción aprobada también insta a la Xunta a garantizar que la declaración de «interés autonómico» cuente con informes favorables de los ayuntamientos afectados y tramitar las modificaciones del plan municipal para dar cobertura a los proyectos públicos cas garantías del Ley del Suelo.
Xosé Lois Jácome, de Marea de Vigo, anunció el apoyo a la solicitud y advirtió de que la ley «busca retirar los centros de decisión de los ayuntamientos» y favorecer a empresas extractivas, por lo que consideró que se trata de un anteproyecto «francamente grave».
Los que no estuvieron ni mucho menos de acuerdo fueron los concejales de la bancada del Partido Popular, que votaron en contra. Miguel Fidalgo acusó al gobierno local de querer «torpedear» el proyecto del Celta en Mos y de «engañar al club para que marche de Vigo». El edil recomendó «preocuparse más del urbanismo de la ciudad y menos del urbanismo de Mos».
