El Concello de Vigo ha movido ficha en el conflicto que mantiene con el Celta por las polémicas obras del estadio de Balaídos. La Junta de Gobierno Local se reunió de forma extraordinaria este martes para, entre otras cosas, desestimar la petición del club de rescindir, por incumplimiento municipal, el convenio firmado en 2015 para reformar el campo municipal. Y en el mismo expediente en el que rechaza esa solicitud, el Ayuntamiento acuerda resolver dicho documento por “incumplimiento imputable al Real Club Celta de Vigo”.
En su escrito, el Gobierno local repasa una serie de “obligaciones asumidas” por parte de la entidad presidida por Carlos Mouriño, a su juicio “no cumplidas o no acreditadas”. Ello lleva además a reclamar al Celta dos millones de euros “sin perjuicio de que dicha cantidad pueda ser compensada con las cantidades que, por estudios, proyectos, obras y demás actuaciones complementarias, necesarias para la ejecución del ‘Plan director de remodelación e modernización do Estadio de Fútbol Municipal de Balaídos’ acredite realizadas el Real Club Celta de Vigo en los términos pactados no convenio en el plazo de pago voluntario de la cantidad reclamada”. Esta solicitud surge, según la administración local, porque no se habría justificado debidamente –mediante la entrega de una memoria en lugar de una hoja de cálculo- la inversión realizada por el club en la reforma de Tribuna Baja (antigua Preferencia).
Además, desde Praza do Rei se interpreta el convenio de forma diferente a como lo hacen en la sede social de la calle Príncipe en lo relativo al fin de las obras, fijado en 2017. “El Concello de Vigo no estaba obligado a acabar en el año 2017 las obras comprendidas en el Plan Director, ni asumió tal obligación en el convenio. El plazo que se establece en la cláusula quinta del convenio es un plazo que rige para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio por el Real Club Celta de Vigo”, sostiene el Gobierno local.
Esta decisión se conoce después de que el propio Mouriño revelara que había presentado una demanda para resolver este convenio por la vía legal. El presidente incluso sostuvo que el conflicto podría derivar en un proceso penal. El Celta tendrá ahora un plazo de un mes para interponer un recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local o de dos meses para impugnarlo directamente ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
