La Policía Local de Vigo impuso desde el 13 de marzo hasta el 9 de octubre un total de 460 multas a personas que no utilizaban la mascarilla. Esas denuncias se encuentran a día de hoy en el limbo a la espera de que la Xunta de Galicia, autoridad sanitaria que decretó el uso obligatorio, aclare qué administración debe tramitar las sanciones.
«Estoy dispuesto a cooperar y tramitar las sanciones pero hay dudas jurídicas de que podamos hacerlo, por lo que es preciso tener una cobertura legal que evite los vacíos y nulidades en los procedimientos sancionadores”, señaló este miércoles el alcalde de Vigo, Abel Caballero, exponiendo las reservas de los servicios municipales de este área.
En rueda de prensa, Caballero solicitó a la Xunta de Galicia que proceda con urgencia a la “atribución de competencias sancionadoras concretas a los ayuntamientos a través de una norma que lo habilite” y, además, demanda al gobierno autonómico que “dicte una resolución clara y desarrollada en la que se especifique en que supuestos y que infracciones correspondería sancionar a los ayuntamientos y cuales a la Xunta”.
Para este fin, el regidor olívico ofrece “toda la cooperación por el importante momento que estamos viviendo”, incluyendo “el personal y correr con los costes”, toda vez que es necesaria una norma legal que habilite este procedimiento y asumiendo que la Vigo le va “a costar dinero pero es muy importante. Las normas deben cumplirse, no son discrecionales, la ciudad se está comportando especialmente bien”.
La Xunta apela a «cada administración»
Tras la propuesta del alcalde de Vigo, la Xunta de Galicia respondió que ya dio traslado a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) del informe de la Asesoría Jurídica en el que se determina la responsabilidad de «cada administración en la tramitación de las sanciones por incumplimiento de la normativa» relativa al Covid-19.
«El informe viene a decir que cada administración debe tramitar las multas de aquellas cuestiones que son de su competencia: los ayuntamientos las de competencia municipal, la Xunta las de competencia autonómica y el Gobierno central las de competencia estatal«, responden desde Santiago. Además, añaden que la Xunta ayudará a los concellos medianos y pequeños que no tengan capacidad para tramitar sus multas y que pidan la colaboración de la administración autonómica.
La Xunta recuerda que ya tramita los procedimientos sancionadores que son de su competencia por referirse a cuestiones puramente sanitarias, como cuarentenas o aislamientos. «Hay otros expedientes que se refieren en mayor medida a competencias municipales, de las que se vienen ocupando los ayuntamientos tradicionalmente. Son casos como el incumplimiento de horarios, los aforos máximos o los controles de aglomeraciones de personas«, asegura la Xunta.
Consello Consultivo y Abogacía del Estado
Pero la cuestión no terminará aquí, puesto que la administración autonómica ya avanza que ha trasladado el asunto al Consello Consultivo para que elabore un dictamen sobre a quién le corresponde tramitar las sanciones. Por su parte, el Concello de Vigo esgrime un informe de la Abogacía del Estado en el que explica que debe tramitar la normativa la administración que dicte las normas correspondientes, por lo tanto, en este caso sería la Xunta.
