Los locales de hostelería de los 55 ayuntamientos gallegos que se encuentran en nivel alto de incidencia (entre ellos Vigo, A Coruña, Ferrol, Lugo y Pontevedra) trabajan desde este martes con el 30% del aforo en su interior y el 50% en terrazas por imposición de las medidas de la Xunta que llevan al sector a una situación que sus representantes califican de “desastrosa” y que tendrá consecuencias en los tribunales.
De hecho, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña ha presentado este martes un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para pedir la anulación de las restricciones y la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra está estudiando con sus servicios jurídicos hacer lo mismo, según han confirmado a Efe los presidentes de ambos colectivos, Héctor Cañete y César Sánchez-Ballesteros, respectivamente
Las medidas impuestas por la Xunta suceden a la negativa por parte del TSXG de avalar la pretensión del Ejecutivo autonómico de que bares y restaurantes exigiesen a sus clientes el certificado de vacunación, que fue denunciada ante el alto tribunal gallego por algunas asociaciones que, en opinión de muchos hosteleros, no midieron bien las consecuencias de sus actos.
“Estos certificados de garantía estaban funcionando de maravilla”, ha dicho a Efe Cheché Real, presidente de la asociación provincial de hosteleros de Lugo, muy crítico con quienes acudieron a la Justicia. “La situación es desastrosa por el empecinamiento de esa denuncia por parte de una asociación de barrio que se lleva la razón del TSXG pero que nos jode a todos”, asegura Real, quien cifra en cientos de miles de euros las pérdidas para el sector en Lugo. Precisamente en verano en el que “se estaba trabajando como no pensábamos con esta situación caótica sanitaria; nunca creíamos que iba a funcionar tan bien”, añade. En A Coruña, según Cañete, el 89,2 por ciento de las empresas socias de la asociación (en torno a 1.200) preferían el ‘certificado covid’ al considerarlo “menos lesivo”.
También en Pontevedra, provincia en la que, según Sánchez-Ballesteros, los datos de ocupación hotelera “están siendo espectaculares”, y muy buenos también en bares y restaurantes, “pese a sus dificultades”, gracias a que ha habido “una respuesta masiva de clientela nacional apostando por Galicia”.
Las restricciones que acaban de entrar en vigor van a frenar la marcha de crucero que había alcanzado el sector cuando todavía quedan dos semanas para que finalice agosto y “muchos locales al pasar del 50 al 30 sufrirán un varapalo económico muy importante y muchos tendrán que replantearse si es rentable abrir”, afirma. Independientemente de cómo y cuándo se pronuncie la justicia, los hosteleros continúan sintiéndose el “chivo expiatorio” de la pandemia y se siguen mostrando críticos con las medidas que se utilizan para tratar de frenarla.
“Esta es una situación absolutamente excepcional que no se puede tratar con las leyes que estaban vigentes antes de esta excepcionalidad. ¿O solo es excepcional para la hostelería?”, se pregunta Rial, quien asegura no entender que toda iniciativa del poder político tenga que pasar después por el judicial. “Echamos en falta que no haya una ley marco estatal con la que se pueda trabajar con garantías debido a la excepcionalidad que estamos viviendo”, lamenta.
Para Sánchez- Ballesteros “hablar de porcentajes es un error desde el punto de vista epidemiológico”, por lo que se trata de una norma “mal establecida”. En su opinión reducir aforos es “una tontería” y lo que habría que hacer es garantizar la distancia mínima entre mesas en la terrazas e interiores, pero el problema es que “Sanidad no escucha al sector y sacan normas que en la práctica son inviables y carecen de sentido desde el punto de vista sociológico”.
Solicitar el ‘certificado covid’ era una solución mejor para la mayoría de los hosteleros, pese a las quejas de quienes aseguran que se sienten policías y que carecen de atribuciones para pedir esos datos a nadie. “¿A qué viene rasgarse las vestiduras? En la situación en que estamos, que te digan que pidas ese certificado es en beneficio de todos”, asegura Rial, quien recuerda que los hosteleros están “obligados”, por ejemplo, a solicitar el DNI a clientes de los que sospechan que no han alcanzado la edad mínima legal para consumir alcohol o comprar tabaco.
Por todo ello, el colectivo en A Coruña ha reclamado en su escrito la suspensión de todas las medidas y, si su demanda no se estima totalmente que, por lo menos, se levanten los límites de aforo en la terraza, las restricciones de horario y la prohibición de usar la barra. Entienden que la obligación de pedir un certificado de vacunación o una prueba diagnóstica negativa, requerimiento tumbado por el TSXG, suponía una restricción menor que las actuales.
En Pontevedra aseguran que “es peor el remedio que la enfermedad” porque “las normas se ponen más rígidas”, y que aunque en su momento se plantearon recurrir los certificados de vacunación optan por lo práctico. “Que nos pongan lo que quieran pero no nos cierren”, concluye Sánchez-Ballesteros.
