La alarmante situación en las residencias de mayores de toda Galicia, con especial incidencia en Vigo y Cangas, ha provocado que los despachos de abogados empiecen a avistar posibles responsabilidades penales y civiles por los casos de fallecimientos y contagios que se están produciendo.
Algunos bufetes han abierto asistencias jurídicas gratuitas, así como gestiones ordinarias primarias con organismos públicos o privados, para todas las personas que se alojen en un geriátrico de la provincia de Pontevedra mientras dure el estado de alarma y en los 30 días naturales posteriores a su término.
Así, diferentes despachos empiezan a valorar la posibilidad de que se haya incurrido en esas responsabilidades por lesiones o muertes en residencias con motivo de la pandemia generada por el Covid-19. Por ello, dentro de ese asesoramiento gratuito incluyen una revisión de cada caso.
“El Covid-19 se está cebando especialmente con el colectivo de nuestros mayores que se alojan en residencias geriátricas. La generación que nació entre las dos guerras mundiales, que vivió otra guerra nacional entre medias, la que su espíritu de supervivencia únicamente era guiado por la capacidad de sacrificio. No fue la generación del conocimiento, pero conocieron cómo cuidar a toda una generación, a la que ahora le debemos la vida”, explican desde el bufete Pena Fraga.
Éste es uno de los despachos de abogados que también ha habilitado una línea de consultas en lo relacionado a los
derechos reconocidos en la Ley de Dependencia (dignidad, cuidado, oportunidad), así como aquellos de contenido económico y/o administrativo.
En el área de Vigo ya son cuatro las residencias que han registrado muertes desde el comienzo de la crisis sanitaria: DomusVi Barreiro, DomusVi Cangas, Moledo y San Pedro de Crecente. Además, hay casos positivos en usuarios del CRAPD de Vigo y de Bella Vista Care (Nigrán). Todos estos centros tienen trabajadores afectados, así como las residencias El Rocío y Alvi Beade.
