Los nueve acusados de los delitos de los prevaricación administrativa y cohecho, entre ellos dos exalcaldes y un exconcejal, por haber supuestamente ‘amañado’ el contrato de recogida de basuras en Nigrán en 2004, han negado los hechos, y han afirmado que «jamás» recibieron contraprestaciones económicas por haber favorecido a la adjudicataria, Cespa, y que tampoco dieron instrucciones ni presionaron para favorecerla en la licitación.
Así lo han trasladado durante su turno de declaración en el juicio que ha comenzado este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y que ha sentado en el banquillo a los exalcaldes A.R.M. y A.F.A. (concejal en el momento de los hechos), al exconcejal A.F.C., a su mujer C.F.L., a los exfuncionarios A.P.C., E.R.A. y Á.F.R., al ingeniero J.A.G.F., y al exdelegado territorial de Cespa, J.G.D.
El primero en prestar declaración ha sido A.R.M., quien ha defendido que la tramitación administrativa de ese contrato se hizo conforme a la legalidad, y ha negado que hubiera manipulado documentación para favorecer la adjudicación a Cespa.
Asimismo, ha justificado la contratación de una consultora externa para valorar las ofertas y ha negado que hubiera dado indicaciones a los técnicos para puntuar de manera más favorable a ninguna empresa. «Sería osado por mi parte dar indicaciones a ingenieros con años de experiencia y conocimiento», ha señalado.
Del mismo modo, el exalcalde ha negado haber recibido contraprestación o regalo alguno de la adjudicataria y ha explicado que el dinero que la Agencia Tributaria detectó sin justificar en sus cuentas se corresponde a movimientos financieros derivados de su actividad empresarial. Al respecto, ha manifestado que la acusación de cohecho que pesa sobre él se basa en un informe de Hacienda «negligente» y «erróneo».
Por su parte, Avelino F.A. también ha negado cualquier participación en la adjudicación del contrato a Cespa, alegando que en esos momentos, pese a haber tomado posesión como concejal, ya estaba apartado de la política y no participaba en la gestión municipal.
Alquiler de locales
Este acusado sí ha reconocido que alquiló un local a la empresa Cespa mediante un contrato que fue revisado por su gestoría de confianza, y que años después le rebajó la renta a la mitad porque las circunstancias del mercado habían cambiado. Con todo, ha proclamado que «jamás» recibió dinero alguno de la concesionaria, al margen del alquiler por el local.
El entonces teniente de alcalde, Antonio F.C. también se ha desmarcado de la elaboración del pliego de ese concurso, y ha matizado que la Mesa de Contratación que lo avaló estaba formada «por tres técnicos y solo dos políticos», y él ni siquiera participaba.
Este acusado, que junto a su mujer y a otros dos procesados (los exfuncionarios Álvaro y Eloy) alquilaron otro local a Cespa, ha recordado que la Agencia Tributaria lo sometió a una «minuciosa» inspección de los ejercicios 2003 a 2008 y «no observó ninguna irregularidad».
Prescripción de la prevaricación
En el marco de este juicio, las actuaciones se han archivado con respecto a uno de los acusados, el que era ingeniero municipal, Antonio P.C., a quien la Fiscalía consideraba cómplice del delito de prevaricación administrativa.
El tribunal considera que el delito del que se le acusaba ha prescrito, puesto que fue citado como investigado en enero de 2015, cuando ya habían transcurrido más de 10 años del momento de los hechos.
Resto de procesados
El resto de procesados también ha negado cualquier delito o irregularidad en la adjudicación del contrato a Cespa o en el alquiler de los locales.
Así, el que era responsable territorial de la concesionaria ha afirmado que él no tenía conocimiento de cómo habían discurrido los trámites administrativos en el Ayuntamiento de Nigrán, y ha justificado que los locales que se alquilaron no eran los que inicialmente figuraban en la oferta de la empresa, porque «no fraguaron y se buscaron otros que cumplieran las especificaciones y los requisitos de coste».
En ese sentido, y ante las acusaciones de que los locales alquilados tenían una renta superior a la del mercado, este acusado ha explicado que la empresa tenía una previsión de gasto para este concepto de 96.000 euros y que, finalmente, los alquileres se hicieron por 92.000 euros anuales.
En cualquier caso, ha subrayado que Cespa desconocía que los dueños de los locales tenían conexiones municipales, y que tampoco el Ayuntamiento les hizo «en ningún caso» ninguna sugerencia sobre qué inmuebles debían alquilar.
«Preguntas ofensivas»
El último en prestar declaración en la jornada de este lunes ha sido Jorge G.F., ingeniero de la consultora externa contratada por el gobierno local para la valoración de las ofertas presentadas en esa licitación.
Este acusado ha matizado que su empresa no fue la encargada de elaborar el pliego técnico del concurso, y que se limitó a valorar la parte «ingenieril» de las ofertas, trasladando su propuesta a la Mesa de Contratación. Así, este acusado trabajó durante varias semanas prestando asistencia al ingeniero municipal (cuya acusación ha prescrito).
Preguntado por la Fiscalía y por su letrado acerca de si recibió presiones por parte del alcalde para favorecer a alguna empresa, Jorge G.F. lo ha negado rotundamente. «Hay preguntas que pueden ser ofensivas para un profesional», ha afirmado, y ha añadido que no tenía «ningún interés» por beneficiar o perjudicar a ninguna de las concursantes.
Hechos
Según el escrito de acusación pública, el entonces regidor de Nigrán, A.R.M., se concertó con el líder del partido independiente PINN, A.F.A.(y exalcalde del municipio), y con un concejal de esta formación, A.F.C., para ‘amañar’ la adjudicación del contrato de la basura.
Para ello, el alcalde sacó a concurso el servicio y él mismo se encargó de tramitar el pliego de condiciones, dando apenas 30 días para la presentación de ofertas. Asimismo, contrató a una consultora externa para que elaborase un informe que favoreciera la adjudicación a Cespa.
El regidor contó con el apoyo de los dos concejales, así como de dos funcionarios, un ingeniero municipal y un consultor para llevar a cabo su propósito y, finalmente, el contrato se adjudicó a esta empresa.
La Fiscalía sostiene que, a cambio, la concesionaria abonó al alcalde 102.173,35 euros; otros 88.206,71 euros al líder del PINN; y 7.409 euros a A.F.C. Además, Cespa alquiló varios locales de los que eran copropietarios la mujer de A.F.C. y dos funcionarios, y otro local propiedad de A.F.A., por unas rentas anuales «desproporcionadas».
Delitos y penas
Por estos hechos, el Ministerio Público considera a los principales encausados autores de los delitos de prevaricación y cohecho, mientras que el resto son acusados como cooperadores necesarios o cómplices. Además, señala que concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Así, pide para A.R.M. un año de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 50.000 euros; la misma pena solicita para el que era delegado de Cespa; para A.F.A. solicita un año de prisión y 5 años de inhabilitación, y multa de 3.000 euros; y para A.F.C., un año de prisión, 10 años de inhabilitación y 4.000 euros de multa.
Para el ingeniero municipal pide 5 años de inhabilitación, la misma que para el ingeniero de la consultora contratada por el Ayuntamiento. Para la mujer de A.F.C. pide un año de cárcel, 5 de inhabilitación y multa de 3.000 euros, y penas de multa para los dos exfuncionarios.
Finalmente, reclama que A.R.M, A.F.C. y el delegado de Cespa indemnicen al Ayuntamiento de Nigrán en 5.340,77 euros.
