Así, los animalistas señalan que han recibido un caso reciente ubicado en el término municipal de Gondomar, con imágenes donde se ve a un can encadenado y en el interior de un barril abierto, en lo que parece su único refugio.
Esos colectivos han registrado en su página web (www.sencadeas.info) nada menos que 412 casos de perros que permanecen encadenados o atados en condiciones lamentables, sin refugio adecuado, alimentación o hidratación regular y en no pocas ocasiones con una absoluta carencia de preocupación por su bienestar, no disponiendo de atención veterinaria durante años.
En este sentido las ONG recuerdan que la Ley de Bienestar Animal de Galicia considera esta práctica cruel como una infracción de carácter grave, contemplada de forma explícita como prohibida y sancionable con hasta 5.000 euros, a lo que se podría sumar la sanción accesoria de inhabilitación para la tenencia de animales por un plazo que fluctuaría entre uno y cinco años, sin que los colectivos tengan constancia de expedientes similares.
FFW y Libera han animado a la ciudadanía a seguir denunciando estos contextos de auténtico maltrato animal, señalando que los ayuntamientos también tienen competencias en materia de bienestar y pueden efectuar las inspecciones necesarias para elaborar un expediente que deberán remitir al ejecutivo autonómico, ya que la capacidad sancionadora recae en la administración gallega.
