Fiscalía ha retirado este lunes su petición de 3 años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial para el exalcalde de Baiona (Pontevedra) Carlos Gómez, pero mantiene la solicitud de 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
En el último día de la vista de este caso, llevada a cabo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el Ministerio Fiscal ha decidido retirar de la acusación el delito de falsedad en documento oficial, dejando libre al otro acusado, el actual jefe de la Policía Local, que era oficial (segundo jefe) en el momento de los hechos que se investigan.
De esta manera, el Ministerio Público solo mantuvo la acusación hacia Carlos Gómez por un delito de prevaricación, solicitando para él en sus conclusiones finales 15 años de inhabilitación para cargo público.
Esto supone un cambio sustancial respecto a los 3 años de prisión y los 17 de inhabilitación, además de la multa de 1.080 euros, que se pedía inicialmente por los delitos de prevaricación y falsedad.
En su intervención, el fiscal ha indicado que, pese a creer que sí era falsa la tarjeta que utilizó el alcalde para aparcar y que fue creada a raíz de las denuncias, según él, no quedó suficientemente demostrado, por lo que decidió retirar esa acusación.
Sin embargo, para él, sí hay indicios suficientes que apuntan hacia el delito de prevaricación, ya que fue el propio alcalde el que firmó los expedientes que archivaban sus multas de aparcamiento, algo «injusto».
«Aún en el supuesto de que hubiese firmado esas resoluciones sin darse cuenta de que era él, después se le notificaron en persona y ahí tuvo conocimiento y dijo que lo ‘hecho está hecho’ y ‘no tengo competencias para solucionarlo’. No parecen alegaciones asumibles. Si lo hecho está mal hecho, debe corregirse. Recién notificado la alegación no es firme y puede preguntar», ha añadido el fiscal.
Por su parte, la defensa ha vuelto a pedir la libre absolución de Carlos Gómez, indicando que el expediente firmado por él no fue escrito por él, sino que fue una propuesta enviada por la empresa «independiente» que gestiona las multas y el exalcalde rubricó el documento «sin cambiar ni una coma».
El abogado ha recordado que no se llamó a declarar a ningún responsable de esta sociedad y también ha indicado que el jefe de policía confirmó que la tarjeta del alcalde sí le permitía aparcar en carga y descarga y que Gómez «creía que sí podía porque así se lo habían dicho de forma oral» desde la Policía Local.
Los hechos se remontan a abril y junio de 2021, cuando Gómez era regidor del municipio pontevedrés. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Gómez Prado, que ahora lidera el grupo municipal del PSOE de Baiona (tras ser desbancado de la Alcaldía en las elecciones locales de mayo pasado), fue multado por agentes de la Policía Local en cinco ocasiones, entre el 30 de abril y el 9 de junio de 2021.
Con intención de eludir las sanciones, en el trámite de alegaciones presentó una tarjeta que, supuestamente, le autorizaba a aparcar en esa zona, y argumentó que no la había puesto en el vehículo cuando había aparcado esos días porque la había dejado olvidada en otro coche.
La Fiscalía sostenía que esa tarjeta había sido elaborada posteriormente ‘ad hoc’, y firmada por el propio alcalde y el coacusado, oficial jefe de la Policía Local. Además, el entonces regidor aportó un informe firmado por ese policía, en el que éste aseguraba que conocía la existencia de la tarjeta acreditativa para ese coche, al servicio de la Alcaldía, y que, por tanto, el coche del alcalde estaba estacionado esos días y en esa zona con su conocimiento y autorización. Finalmente Fiscalía, pese a considerar que la tarjeta era falsa, indicó que no había indicios suficientes y retiró esta acusación.
En todo caso, el Ministerio Público apunta que, tal y como figura en el texto de la tarjeta supuestamente fraudulenta, el alcalde tampoco podría aparcar en esa zona de carga y descarga, sino solo en zonas habilitadas a tal efecto. A raíz de esas alegaciones, el instructor del expediente, de la oficina ORAL de la Diputación de Pontevedra, archivó el procedimiento sancionador.
En agosto de 2021, Carlos Prado firmó cinco resoluciones como alcalde en las que, «con total desprecio del deber de abstención» estimó sus propias alegaciones y resolvió archivar los expedientes sancionadores.
Por estos hechos, la Fiscalía acusa al exalcalde de un delito continuado de prevaricación administrativa, solicitando para él 15 años de inhabilitación para cargo público.
En sus conclusiones finales, retiró la acusación para el otro investigado y eliminó el delito de falsedad en documento oficial, que acarreaba una pena de cárcel de 3 años y dos años más de inhabilitación para Carlos Gómez.
