Un preso agredió el pasado viernes a una funcionaria del Centro Penitenciario de A Lama, en Pontevedra.
Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, el varón habría tratado de agredir sexualmente a la mujer, llegando a morderle en la boca, y mientras la víctima realizaba labores de vigilancia.
En concreto, los hechos ocurrieron el pasado viernes, día en el que el varón, M.B., alegando que debía entregarle un documento, sorprendió a la mujer en unas escaleras del centro.
La intervención de otros funcionarios permitió detener la agresión. Tras el incidente, el reo ya habría sido trasladado a la prisión de Teixeiro (A Coruña).
Los sindicatos dicen que no se trata de un «caso aislado»
En un comunicado, el sindicato ACAIP-UGT ha explicado que fue en el momento en el que la funcionaria se acercó para leer el papel cuando el hombre la arrinconó contra la pared, tratando de besarla a la fuerza.
«A pesar de la resistencia de la funcionaria, el agresor logró introducir su lengua en su boca, mientras presionaba su cuerpo contra el de ella, llegando a morderle el labio superior y produciéndole heridas. En medio de este acto violento, la trabajadora logró liberarse, pero fue perseguida por el interno, quien continuó acosándola verbalmente», explica la organización.
Sin embargo, la mujer consiguió llegar a la cabina de seguridad donde se encontraban otros compañeros, siendo avisado el jefe de servicios, que ordenó el traslado provisional a aislamiento del interno. «A pesar de la rápida actuación, las secuelas psicológicas y emocionales del ataque son innegables», han lamentado desde ACAIP-UGT.
Además, el sindicato ha criticado que este hecho no se trata de un caso aislado, sino el «reflejo de una problemática más amplia que afecta a las trabajadoras penitenciarias». «Las agresiones sexuales no solo comprometen la integridad física y emocional de las víctimas, sino que evidencian la falta de mecanismos de protección eficaces en un entorno especialmente peligroso», han añadido.
«A pesar de la gravedad de estos incidentes, la administración penitenciaria carece de registros específicos de denuncias por acoso o agresiones sexuales hacia funcionarias. El protocolo de prevención de agresiones ni siquiera contempla las agresiones sexuales, a menos que impliquen lesiones físicas visibles. Esto deja a las trabajadoras en una situación de desamparo institucional», han subrayado.
Por ello, han reiterado la necesidad de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias implemente medidas urgentes para garantizar un entorno laboral seguro.
«La agresión sufrida por esta funcionaria en A Lama subraya la urgencia de actuar. El trabajo penitenciario, ya de por sí complicado y estresante, no puede convertirse en una experiencia marcada por la tensión constante ante posibles agresiones. Es responsabilidad de las instituciones garantizar la protección de quienes, día tras día, desempeñan su labor en condiciones adversas. La sociedad no puede mirar hacia otro lado frente a estos hechos, y la administración penitenciaria debe asumir su obligación de proteger a las trabajadoras, promoviendo un entorno laboral seguro y libre de violencia», han sentenciado.
Problemas técnicos en la prisión
Da la casualidad de que este mismo lunes, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha tenido que suspender sendas apelaciones fijadas en el alto tribunal gallego al no poder resolverse «problemas organizativos y técnicos» en el centro penitenciario de A Lama, que impedían que los presos pudiesen asistir por videconferencia.
Ambas, la del crimen de Jéssica Méndez y el de una vecina en Moaña — los dos sucesos en Pontevedra — han quedado pospuestas para el 13 de enero.
Fue el caso de vista de la apelación contra la condena impuesta a José Carlos Eirín por asesinar, en marzo de 2022, a su vecina Jéssica Méndez, a la que embistió deliberadamente con su vehículo cuando esperaba al volante de su turismo a incorporarse en un cruce. Por ello, fue condenado a 22 años de cárcel con la agravante de razones de género.
Antes de tomarse la decisión de suspensión de la vista, las acusaciones, en línea con la postura de Fiscalía, han trasladado a Europa Press que solicitarán que se mantenga la condena al considerar que tanto el objeto del veredicto como la decisión del jurado se ajustan «a la legalidad».
Absolución por el crimen de Jessica
Frente a ello, la defensa entiende que debería absolverse a su cliente «por vulnerar el principio de presunción de inocencia«. En su defecto, reclama que se repita el juicio. Y es que esta parte pide que como prueba se tenga en cuenta el contenido íntegro del teléfono de la víctima.
«Es ahí donde están las conversaciones para demostrar que no había vinculación con Jéssica ni que relatase ninguna situación de acoso o violencia», ha sentenciado para rechazar, además, que una pericial «reúna las condiciones reales del tráfico».
El Tribunal del Jurado consideró probado que sobre las 09.25 horas del 17 de marzo de 2022, en la carretera N-550, a la altura de la aldea de Constenla en Barro (Pontevedra), el acusado, «con el propósito de acabar con la vida de la víctima», dirigió «intencionadamente» el vehículo que conducía contra el de ella, que se encontraba detenido, aguardando para incorporarse a la N-550 desde una carretera secundaria.
Con respecto a la agravante por motivos de género, el tribunal popular entendió que «fue la indiferencia de Jéssica hacia la persona del acusado» lo que motivó los hechos. El jurado vio probada una situación de «control» y vigilancia previa, que se agravó cuando Jéssica inició una relación sentimental con el que era su novio en el momento de fallecer.
Crimen de Moaña
En el caso del crimen de Moaña, estaba fijada la apelación por la condena a 25 años de prisión del hombre que mató a su vecina septuagenaria en la parroquia de Tirán, en el citado municipio pontevedrés. La Fiscalía y la acusación particular solicitan que se mantenga la condena mientras que la defensa, para la revisión, plantea vulneración de derechos fundamentales.
En concreto, fue condenado como autor de un delito de robo en casa habitada en grado de tentativa y de un delito de asesinato mediante alevosía y para facilitar la comisión del robo, por unos hechos cometidos el 3 de julio de 2021.
El jurado consideró probado que el hombre accedió al domicilio de la víctima «con la intención de apoderarse de objetos de valor», aunque sin que constase que se llevase nada, y que para ello le agredió «de manera inesperada y sin que pudiera defenderse». Esto en un «brutal ataque de manera súbita».
