Tarde noche complicada en la comarca de O Morrazo, donde se celebraba la asamblea de la Mancomunidad para aprobar el nuevo recibo de la basura. Y es que miles de vecinos y vecinas de los concellos de Cangas, Bueu y Moaña se concentraron a las puertas del Consistorio cangués para mostrar su disconformidad y malestar por la medida llevada a cabo por los gestores del consorcio mancomunado.
Y el hecho de evitarles la entrada a la sesión desencadenó, primero el caos y, más tarde, una gran tensión incluso con los seis agentes de la Policía Local y otros nueve de la Guardia Civil que bloqueaban el paso. Hubo varios intentos de los vecinos de romper el cordón policial situado en la puerta de acceso al Concello para irrumpir en el pleno, pero finalmente no lo consiguieron.
Sin embargo, la salida de los ediles que apoyaron la normativa fiscal no fue tan sencilla, no siendo posible la misma hasta pasadas las 23:00 horas. De hecho, algunos de los concejales expresaban su malestar a través de las redes sociales por haberse quedado «secuestrados» en el interior del edificio.
Contenedores tirados, gritos e insultos pidiendo la «dimisión» de la alcaldesa nacionalista de Cangas y presidenta de la Mancomunidad, Araceli Gestido, se sumaron a la tirada de huevos contra la fachada o bombos y platillos y el bombo al son de los cánticos.
Con todo, en el Concello de Cangas -que en estos momentos ostenta la presidencia del organismo supramunicipal-, los concejales de todos los partidos políticos de los tres concellos que forman parte de la Mancomunidad protagonizaban un arduo debate que, finalmente, acabó con la aprobación de la normativa gracias a los votos de BNG y PSdeG de los tres municipios, a excepción del portavoz de los socialistas moañeses, que se abstuvo. Los grupos de PP, Alternativa Veciñal y el edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, votaron en contra.
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, como presidenta del organismo mancomunado, centró el foco de las acusaciones criticando su «falta de transparencia» a la hora de elaborar una ordenanza que supone una fuerte carga económica para muchos comercios e industrias locales, además de para los hogares.
La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y su homólogo de Bueu, Félix Juncal, fueron los únicos miembros de la junta de gobierno de la Mancomunidade en dar la cara ante los vecinos para defender esta subida con la intención, señalaron, «de mejorar un servicio» que ellos mismos calificaron de “deficiente”.
