Manuel M.B., acusado del asesinato de su proveedor de cocaína en la parroquia redondelana de Chapela, ha rechazado la acusación planteada por la Fiscalía y ha asegurado que robó a la víctima, Roberto C.P., pero no lo mató: “Cuando me fui lo dejé con vida, alguien más estuvo allí después”.
Así lo ha trasladado durante su declaración en el juicio que sigue contra él en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y ante un tribunal de jurado.
El procesado ha reconocido que fue a casa de Roberto en la noche del 27 de enero de 2021 para conseguir droga, pero que no llevaba dinero. Al comprobar que la víctima no le fiaba, se puso unos guantes y lo agarró por detrás del cuello, hasta tirarlo al suelo.
Según su versión, al verse inmovilizado, Roberto le dijo que le daría lo que le pidiera y, en ese momento, el acusado lo amordazó y lo maniató con una cinta de embalar que, casualmente, tenía en su mochila. Luego lo registró en busca de cocaína y, como no encontró nada, fue a su habitación y se llevó varios gramos de una sustancia en polvo de su caja de caudales (que resultó ser sustancia de corte) y unas pastillas de Viagra.
Manuel M.B. ha reiterado ante el tribunal que, cuando se fue de la casa de su proveedor de cocaína, éste estaba vivo. “Lo dejé con vida, parpadeaba, me miraba”, ha aseverado.
Participación de terceros
Asimismo, ha asegurado que el escenario que se encontró la Policía cuando fue localizado el cadáver de Roberto tenía diferencias con respecto a cómo estaba en el momento en que él se fue.
Al respecto, ha asegurado que “alguien” tuvo que mover el cuerpo, descalzarlo y ponerle un chaleco en la cara al fallecido, porque él no había hecho nada de eso. Lo que sí ha reconocido es que se llevó de la casa de Roberto sus llaves y su teléfono móvil, que luego enterró en una zona rural cercana a su vivienda.
El acusado, a mitad del interrogatorio de la Fiscalía, decidió que no quería responder más preguntas y, a continuación, a preguntas de su letrado (no hay acusación particular), repitió esa versión, e incidió en sus problemas de dependencia de las drogas y de salud mental (con un trastorno de personalidad por el que tomaba medicación).
La Fiscalía lo acusa de un delito de asesinato y pide para él 18 años de prisión, con la atenuante de confesión, ya que el procesado indicó a la Policía dónde estaban enterrados el teléfono y las llaves de la víctima, y admitió parcialmente los hechos, cooperando en la investigación.
Por su parte, su letrado ha solicitado la libre absolución, alegando que no ha cometido el delito por el que se le acusa. Según el abogado, aunque fue a casa de Roberto a por droga, no tenía intención de matarlo. “Alguien terminó con su vida, alguien que tuvo que aparecer después, porque Manuel fue a robar”, ha proclamado, al tiempo que ha recalcado que el acusado actuó con sus capacidades afectadas por sus problemas de salud y por su toxicomanía.
