Familiares de los 21 fallecidos en el naufragio del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’, que se hundió en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá), han valorado la decisión de la Audiencia Nacional de descartar invalidar el informe pericial que apuntaba a un «error humano» del capitán, Juan Padín, como «causa más probable» del siniestro.
En un audio remitido a los medios de comunicación, la portavoz de las familias, María José de Pazo, ha reivindicado la importancia de ese documento, ya que recoge las grabaciones realizadas por el robot que bajó al pecio.
Para ella, esas imágenes son «objetivas y tangibles», por lo que son «muy importantes» a la hora de determinar qué ocurrió en la madrugada de aquel 15 de febrero.
Además, ha aprovechado para recordar que el recurso sobre la validez y la idoneidad de este informe fue interpuesto por el capitán y por la armadora del barco, Grupo Nores, una vez se conocieron las conclusiones del mismo, pese a que la bajada al buque fue meses antes.
Todo ello después de que la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional descartase anular dicho informe, desestimando así los recursos presentados por la defensa de Padín y de Nores. En concreto, estos habían solicitado la nulidad de ese informe al poner en tela de juicio la labor de los peritos responsables del mismo.
Suceso
El pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ naufragó a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo. A partir de ahí, las familias de los fallecidos han iniciado una serie de acciones para tratar de esclarecer los hechos, por lo que siempre han pedido que se bajase al pecio para encontrar pruebas de lo que pudo haber ocurrido.
Durante la instrucción, el juez ha tomado declaración al patrón del pesquero, Juan Padín –en calidad de imputado–, a su sobrino Eduardo Rial y al marinero Samuel Kwesi, como testigos, al ser los únicos supervivientes del naufragio. También han acudido ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga lo ocurrido, directivos de la armadora Grupo Nores, así como antiguos marineros del barco, entre otros.
La investigación judicial se debe a que Samuel Kwesi ofreció una versión que contradice la expuesta por Padín y Rial, y que apuntaría a posibles negligencias por parte de éstos que habrían desencadenado en la tragedia.
Tras tomarles declaración, el magistrado prohibió salir de España al patrón del pesquero, le retiró el pasaporte y le impuso la medida cautelar de comparecer cada quince días en sede judicial y permanecer localizado. Finalmente, hace un año se bajó al barco, elaborando un informe que apunta hacia Padín y a un error suyo como «causa más probable» del hundimiento.
