El barco que zarpó la semana pasada de Vigo para inspeccionar el pecio del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’, sin expresa autorización de la Audiencia Nacional, hará escala en San Juan de Terranova (Canadá) para que se suban a bordo dos peritos más: uno designado por el juzgado y otro propuesto de forma conjunta por las familias de los marineros fallecidos.
Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas, que apuntan que se prevé que la embarcación llegue a esa isla canadiense este jueves. Será entonces cuando aguarde a los dos peritos que se unirán así a un tercer perito designado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 que ya se encuentra en el barco.
Con esta decisión, coordinada entre la Audiencia Nacional y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), se resuelve así la crisis surgida después de que el barco zarpara sin la expresa autorización del magistrado Ismael Moreno.
De hecho, este mismo lunes, la Audiencia Nacional emitía una providencia en la que pedía explicaciones al Gobierno sobre las razones de esa partida. Moreno requería además a través de dos oficios a los máximos responsables de la Ciaim y de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera que se informara “urgentemente” al juzgado de las razones por las que no se había dado cumplimiento a lo ordenado el pasado 8 de mayo y reiterado el día 17.
En esa providencia, el juez indicaba que “al parecer”, el buque había zarpado con un solo perito judicial, “sin expresa autorización de este juzgado, prescindiendo total y absolutamente de cuantos extremos y circunstancias se reseñaban en el oficio”.
El buque ‘Ártabro’, que inspeccionará el pecio del ‘Pitanxo’ zarpó del puerto de Vigo el pasado 17 de mayo pese a las advertencias de las familias y del juez de la Audiencia Nacional, que señaló que debía ser el juzgado el que coordine la operación.
Volverá antes de final de junio
En una nota de la Ciaim de 18 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, este organismo del Ministerio de Transportes señalaba que a bordo del buque, además de su tripulación y del personal necesario para la operación de búsqueda e inspección submarina, va embarcado un miembro de la Ciaim y un representante de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) que participa en las operaciones como observador. Suma a esto que va a bordo también un perito judicial designado por el Juzgado Central de Instrucción número 2.
Además, advierte de que las operaciones de localización e inspección en la zona se podrán prolongar hasta 25 días “en función de las condiciones meteorológicas”. A estas jornadas suma dos semanas de navegación de ida y vuelta desde Vigo hasta la zona del pecio. Así, la Ciaim prevé que el buque Ártabro arribe a Vigo antes de que finalice el mes de junio, aunque señala que esa previsión podrá ir variando en función del desarrollo de las operaciones.
Ante esto, la portavoz de las familias de los fallecidos, María José de Pazo, ha celebrado esta decisión del juez, al considerarla “positiva” y “un derecho” de las víctimas. “Así se garantizará la inspección como una prueba judicial, que es lo que es”, ha subrayado.
Naufragio
El pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ naufragó a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo. A partir de ahí, las familias de los fallecidos han iniciado una serie de acciones para tratar de esclarecer los hechos, por lo que siempre han pedido que se bajase al pecio para encontrar pruebas de lo que pudo haber ocurrido.
Durante la instrucción, el juez ha tomado declaración al patrón del pesquero, Juan Padín -en calidad de imputado-, a su sobrino Eduardo Rial y al marinero Samuel Kwesi, como testigos, al ser los únicos supervivientes del naufragio.
La investigación judicial se debe a que Samuel Kwesi ofreció una versión que contradice la expuesta por Padín y Rial, y que apuntaría a posibles negligencias por parte de éstos que habrían desencadenado en la tragedia.
Tras tomarles declaración, el magistrado prohibió salir de España al patrón del pesquero, le retiró el pasaporte y le impuso la medida cautelar de comparecer cada quince días en sede judicial y permanecer localizado.
