La Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado por segunda vez «por contrario a derecho» el conocido como ‘catrastrazo’ del Concello de Salceda de Caselas, que afectó a unos 5.00 vecinos de la localidad por entender como urbanos unos terrenos que están calificados como rurales.
Esta segunda anulación se produce como respuesta a la denuncia presentada por otro de los vecinos afectados, tal como explican en un comunicado los despachos BGI-LAW y Calixto Escariz Abogados, que defienden a la Plataforma Vecinal contra o Catastrazo, una agrupación de más de 120 vecinos que reclamaron ante los tribunales esta situación.
Todo ello después de que el Ayuntamiento pasase a considerar a efectos fiscales como urbanos distintos núcleos rurales tradicionales. Esto suponía que pasaban a pagar como terrenos urbanos, pero sin tener las dotaciones propias de espacios urbanizados.
Fruto de este proceso, la sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG dictó sentencia el 19 de octubre de 2023, (que ya es firme) y que declara que «los terrenos sitos en núcleos rurales tradicionales, en entornos pendientes de urbanizar, que fueron computados como urbanos, a los efectos del IBI, deben de seguir siendo considerados como rústicos (no urbanizables)».
Esto implica que a los titulares no se les puede exigir el pago del IBI como si se tratase de fincas urbanas. Y en relación con las liquidaciones ya practicadas, obligará al ORAL y al Ayuntamiento de Caselas a devolver las subidas del IBI, ya cobradas en los últimos 4 años.
La nueva sentencia, dictada por la misma sección 4, data de fecha 14 de junio de 2024 y reproduce sustancialmente los argumentos de la anterior, confirmando la anulación del ‘catastrazo’.
Para Antonio Heredero, abogado de BGI LAW, se trata de un «hito de gran importancia», al ser ya dos las sentencias que anulan el ‘catastrazo’, por lo que emplaza a los más de 5.000 afectados a unirse a la reclamación vecinal para conseguir la devolución del dinero cobrado de forma irregular, que ascendería a más de 1,2 millones de euros en total.
«Todos los vecinos afectados pueden recurrir porque tienen derecho a que se les devuelva todo el dinero que se le ha cobrado de más por pagar un IBI que no les correspondía», ha comentado Antonio Heredero. En el mismo sentido, José María Mantilla, de Calixto Escariz Abogados, recuerda que, una vez ganada esta primera sentencia «el resto de los vecinos tienen el camino abierto y no tienen más que demandar para poder recuperar todo lo cobrado en estos cuatro años».
Por todo ello, se llevará a cabo el próximo jueves a las 20.00 horas una reunión informativa en el auditorio municipal.
