La Sociedad Gitana Española anunció este jueves, mismo día en que se conoció la sentencia condenatoria, la “inmediata ampliación” de la querella ya interpuesta y en trámite contra la jueza instructora de O Porriño y la fiscal interviniente en la causa contra Juan Paulo Giménez. El Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra condenó a Juan Paulo, hermano de Sinaí y miembro de la familia de los Morones, como responsable de los disparos que hirieron a dos personas durante una pedida de mano en la localidad de A Louriña.
La sentencia, dictada “en un tiempo récord”, impone un total de seis años y medio de prisión por dos delitos de lesiones y uno de tenencia ilícita de armas y absuelve al otro coacusado, Rafael G.F, de los hechos. “Se ha dictado una sentencia condenatoria que suma una más a la larga serie de infracciones y vulneraciones jurídicas ya producidas hasta la fecha”, denuncia en su comunicado la Sociedad Gitana Española, que ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción su denuncia.
Recuerda en su escrito que la fiscal interviniente en la causa ha sido la misma “tanto en la instrucción como en el juicio oral” a pesar de estar siendo “objeto de imputación penal”, además de ser la que llevó a cabo en el juicio la petición de condena. “La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tramita las diligencias correspondientes a la querella por prevaricación y otros delitos imputados a jueza instructora y fiscal, habiendo requerido dicha sala el expediente completo al juzgado de O Porriño”, destaca la Sociedad Gitana.
Denuncian que se ha condenado a Juan Paulo sin que consten en la causa “los proyectiles extraídos de los cuerpos de los lesionados”, y que no se han respetado “los principios de contradicción y derecho de defensa”, negando el acceso a testigos y no citando a otros propuestos “por despiste del Juzgado” y “por estar de vacaciones los agentes judiciales”.
“Se ha producido una condena sin pruebas. Con pruebas y declaraciones falsas que sustentan versiones incluso imposibles y contradictorias entre sí, en un procedimiento en el que según palabras del propio interesado la fiscal interviniente ha buscado cualquier cosa menos la verdad”, lamentan.
