A pesar de contar con el informe del interventor municipal, que advertía a Francés de la irregularidad, el ayuntamiento siguió adelante con la relación laboral que mantenía con tres profesionales elegidos mediante libre designación y estos continuaron emitiendo facturas entre 2004 y 2010.
El escrito de acusación recoge que el entonces dirigente del BNG –que se pasó a las filas del PSOE en las elecciones locales de 2015- realizó estas contrataciones “fraccionando el importe de la prestación económica” para hacer ver “de manera artificial que nos encontramos ante una pluralidad de contratos menores, y no ante un único contrato de servicios indefinidos (en todo caso continuado y de duración superior a un año), con un importe superior a 18.000 euros”.
Además, según el fiscal, “el acusado realizó estas contrataciones y satisfizo las sucesivas facturas que le fueron presentadas teniendo conocimiento de que en relación a estos contratos que vinculaban a los citados profesionales con el Concello no cabía la contratación directa, por no tratarse de un contrato menor”.
Así, este miércoles se abrirá el juicio oral contra Francés, que se enfrenta a una posible pena de diez años de “inhabilitación especial” para empleo o cargo público de alcalde o concejal de ayuntamiento, aunque el propio acusado ya renunció a su acta el pasado mes de noviembre y anunció su retirada de la vida política.
