El Concello de Ponteareas ha emplazado este martes a la Xunta de Galicia a recoger el próximo día 25 las llaves de la estación de autobuses de la localidad y a hacerse cargo de las instalaciones y los gastos que generan. De hecho, la alcaldesa, Cristina Fernández, ha dado orden de que a partir del 1 de abril cesen todos los servicios contratados por el ayuntamiento, como electricidad, limpieza o seguro de responsabilidad civil.
Esta decisión sucede a la falta de respuesta de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad a la oferta que le hizo la semana pasada el Ayuntamiento para abordar entre ambas administraciones la remodelación de la estación, la cual es competencia autonómica pese a que hasta ahora ha estado gestionada a pérdidas por el Ayuntamiento.
Concretamente, el gobierno local del BNG-PSOE ofreció a la Xunta 376.000 euros para cofinanciar las obras, a cuyo coste total habría que añadir 246.000 euros que asumiría la administración autonómica.
Además, Fernández propuso como forma de pago descontar los 130.000 euros que la Xunta debe al Ayuntamiento por las pérdidas ocasionadas por la gestión de la estación desde 2011 y pagar los 246.000 restantes en cuotas anuales de 12.300 euros durante 20 años, modo de pago que no acepta el Gobierno autonómico. A cambio, la Xunta cedería el uso de la primera planta del edificio de la estación al Ayuntamiento también durante 20 años.
Tras 15 días desde la presentación de la “generosa oferta municipal”, según la alcaldesa, esta ha lamentado la falta de respuesta de la Xunta, de la que ha dicho no entender su actitud. “Resulta sorprendente que ante nuestro ofrecimiento de 376.000 euros la Xunta pretenda imponernos una forma de pago único que los servicios jurídicos y económicos municipales no consideran legal y no acepten el pago fraccionado”, ha dicho.
“Ponteareas no tiene ninguna obligación de gastar nada en la estación de autobuses, que es competencia exclusiva de la Xunta, pero aun así estamos dispuestos a hacerlo a cambio de poder usar parte de las instalaciones. Lo que no tiene sentido es que frente a la mano tendida del Concello, la Xunta ponga condiciones que además son imposibles legalmente”, ha añadido.
