La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado este viernes la sentencia en la que decide, seis años después de la explosión de la pirotecnia de Tui, quién se debe hacer cargo de las indemnizaciones para los cerca de quinientos afectados por lo ocurrido. Según señala la sentencia, de 150 páginas, será la aseguradora Mapfre la que se haga cargo de las cantidades reclamadas hasta el límite de la cobertura de responsabilidad civil, fijada en 1,5 millones de euros. Las indemnizaciones, no obstante, se elevan muy por encima de esa cantidad ya que tan solo los daños a los servicios urbanos rozan los 800.000 euros.
Así, el juez considera por tanto, que la empresa Pirotecnia La Gallega tiene la responsabilidad civil subsidiaria pero que debe ser la aseguradora la que afronte la responsabilidad civil directa, abonando las cantidades reclamadas. Según indica la sentencia, en los casos en los que las indemnizaciones hayan sido cubiertas por las compañías aseguradoras que han ejercitado la acción civil por subrogación, las cuantías serán abonadas a las mismas, y no a los perjudicados directos, una vez se determinen e individualicen de forma definitiva en ejecución de sentencia.
En total, establece que se deben indemnizar con 280.000 euros a cada uno de los dos hijos del matrimonio fallecido en la explosión, que tuvo lugar en mayo de 2018. Los hijos, en el momento de la tragedia, tenían 15 y 7 años de edad, recibirán una indemnización de 140.00 euros por cada uno de sus progenitores.
Por las lesiones, se tendrá que indemnizar a 37 personas por cantidades que oscilan entre los 30 y los 10.200 euros y que incluyen los días de incapacidad y las secuelas.
La parte más importante de las indemnizaciones es la que atañe a las 430 viviendas afectadas, con pagos por los daños a sus titulares con cuantías muy dispares, desde los 34,05 euros hasta los 372.450,56 euros, en lo que respecta a viviendas. La mayor indemnización, por 1,1 millones de euros, se corresponde con el centro de espiritualidades de la Juventud Unida en Marcha, que resultó totalmente destrozado, mientras que la escuela infantil recibirá una compensación de 3.230,62 euros, el centro rural de 1.863,58 y el club de piragüismo de 629 euros.
Por otra parte, también se incluyen los daños a 76 vehículos, con pagos de entre 250 euros y los 14.081,97 euros, y los daños materiales a los servicios urbanos sufridos en Torres, parroquia de Paramos. Entre estos últimos está el coste de reposición de la red de abastecimiento (135.253 euros), de la red de saneamiento (145.191 euros), de la red de alumbrado público (83.482), de la red eléctrica (163.746), de la red de telefonía (136.940) y de la red de viales y mobiliario urbano (57.809 euros).
La sentencia indica que no se trata de una resolución firme y que contra ella cabe un recurso de apelación ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en un plazo de diez días.
