Los gallegos y gallegas optan cada vez más por tener un animal de compañía — uno de cada tres gallegos lo tiene, según expuso recientemente la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en la presentación de las ayudas para la adopción de los que están abandonados — llegando a ser en estos momentos los censados, según el registro autonómico, más 812.000 en una Comunidad con una población de 2,7 millones de habitantes.
En concreto, en el Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía (Regiac), figuran 812.214 animales de compañía, de ellos 307.488 en la provincia de A Coruña; 116.655 en la de Lugo; 104.442 en la de Ourense y 283.629 en la de Pontevedra. Del total a nivel gallego, la mayoría son perros, 735.321; 72.459 gatos; 635 hurones; 1.748 aves de rapiña y 2.051, otras especies.
Por ciudades, Vigo es la que contabiliza un mayor número, 58.886; A Coruña, 39.430; 20.931 en Santiago de Compostela; en Ferrol, 14.886; en Lugo, 24.980; en Ourense, ascienden a 23.295 y en Pontevedra, un total de 20.875. Como ocurre a nivel provincial, la mayoría son perros, seguido de gatos y otras especies.
«Convivir con un animal debe ser un proceso reflexionado», recalca Rubén Pérez, portavoz de la fundación animalista Franz Weber, que afirma que «cada año se incrementa este número, aunque sigue existiendo una bolsa de animales sin ningún tipo de control, lo que dificulta después su intervención en casos de abandono y maltrato».
«Además en el caso de las especies alóctonas, su impacto por un abandono o una liberación negligente es especialmente negativo, siendo animales incapaces de sobrevivir en libertad y otros con capacidad de colonización y afectación en el medio y la fauna nativa».
Identificación
Desde la Fundación, y sobre las medidas a cumplir, recalcan, como la Xunta, «en la necesaria identificación en caso de perros, gatos y hurones, hasta una dinámica de cuidados que les proporcione un entorno seguro, alimentación y agua, atención veterinaria tanto preventiva como reactiva (ante dolencias, enfermedades) y una convivencia responsable en espacios públicos, como la recogida de deposiciones, evitar problemas entre animales o con terceras personas».
A mayores, desde la Fundación reclaman un compromiso por parte de las administraciones públicas para el desarrollo de políticas específicas. «Debe implicar que la Xunta y los ayuntamientos implementen acciones, por ejemplo, para crear espacios de esparcimiento o regular horarios, facilitar su acceso a los edificios públicos más allá de los perros mal considerados de ‘asistencia’ o transporte público, que es algo más avanzado en Europa que en Galicia o España».
Situación en el rural
Sobre si es más difícil un control en el rural, Rubén Pérez subraya que «si bien se dan casos de maltrato y abandono en ambos entornos, en zonas rurales persisten prácticas prohibidas desde hace años, como el encadenamiento continuado de perros, falta de atención veterinaria, alimentación completamente inadecuada o directamente muy bajo control».
«Se puede ver desde núcleos rurales de Arteixo hasta Melón como hay perros paseando en los arcenes, con el riesgo que ello supone para los propios animales y para las personas conductoras». «El trato que reciben los gatos sin hogar es más de lo mismo, muy poca gestión y un descontrol evidente en su alimentación, que acaba generando nuevas camadas y más sufrimiento animal».
«Una parte importante de las sanciones y condenas que hemos visto en los dos últimos años tiene que ver con casos de zonas rurales, incluso de una absoluta crueldad contra los animales, como dejarlos morir de inanición o por una dolencia sin tratamiento alguno».
Obligaciones
En relación a la nueva Ley de Bienestar Animal, apunta que «no cambia mucho las obligaciones y buenas prácticas que deben tener las personas que convivan con animales». «Y aquí encontramos un problema: la aplicación ineficaz de la Ley gallega de 2018 conlleva una sensación de impunidad en casos de abandono y maltrato porque muchos sucesos no son investigados por la Administración y ello hace que algunas personas sigan tratando a los animales de forma completamente inadecuada».
«La norma estatal sí que aborda algo mejor la no comercialización irregular de animales pero en el caso de Galicia fuimos pioneros prohibiendo su compraventa sin datos básicos como el número de núcleo zoológico». «Quizá el curso de tenencia, para nuevas adquisiciones o adopciones, es positivo para reforzar la sensibilización, y el seguro de responsabilidad civil contribuya a dirimir algunos contextos en la vía pública.»
Mientras, recalca que los ayuntamientos «llevan años reclamando medios técnicos y económicos para cumplir con la norma autonómica de 2018» y, en este sentido, apunta que «las ayudas de la Xunta son claramente insuficientes».
Sobre las directas para la adopción de animales, — hasta 150 euros para cuestiones como vacunación o microchip — entiende que adoptar debe ser un gesto solidario «y sufragar parte de los gastos iniciales puede llevar a una sensación de que los animales no suponen un coste». «Una medida que ayudaría a mitigar estos gastos es que el Gobierno central acepte rebajar el IVA veterinario, actualmente en el 21%, como cualquier producto de lujo».
Otros requisitos
Desde la Xunta inciden, a su vez, que uno de los requisitos es ser mayor de 16 años o mayor de edad en caso de los animales considerados potencialmente peligrosos — para los que se exige licencia administrativa emitida por el ayuntamiento — «y no estar inhabilitados para la tenencia de animales de compañía».
«La ley estatal también introduce como requisito la realización de un curso de formación y contratación de un seguro de responsabilidad civil, no obstante, no serán exigibles hasta el desarrollo reglamentario», recuerda sobre la misma.
En cuanto a los incumplimientos que originan sanción, cita, entre otros, venta, donación o cesión de animales de compañía a menores de 16 años o personas inhabilitadas, con multas de entre 100 a 500 euros; entre 2.400 y 15.000 euros por tener animales potencialmente peligrosos sin licencia o por ausencia de cursos obligatorios, entre 500 y 10.000 euros.
«Es importante tener en cuenta que en el caso de que los incumplimientos fuesen acompañados de conductas que causaran daños, las infracciones y sus correspondientes sanciones serían acumulativas», apostilla para recordar que, además de las económicas, puede haber otras accesorias.
