La Comisión Europea ha abierto un segundo procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento adicional al Gobierno de España –INFR (2021) 4052– por incumplimiento de las normas sobre contratos de concesión de la autopista AP-9.
La Comisión Europea ha decidido este miércoles incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento adicional al Gobierno de España – INFR (2021) 4052– por incumplimiento de las normas sobre contratos de concesión de la autopista AP-9. «El hecho de que la Comisión Europea haya tomado esta decisión es una gran noticia para todos los gallegos y hace que cada día estemos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y que la autopista sea gratuita», han señalado desde la asociación EN-Colectivo, que hizo la denuncia en julio 2019 ante Bruselas.
Por su parte, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha pedido este jueves al Gobierno «transparencia» sobre este nuevo expediente abierto por Bruselas relativo a la prórroga de la concesión de la AP-9.
En su dictamen, la Comisión aborda diversas cuestiones relacionadas con esos contratos y considera que España prorrogó la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE.
Tal y como se apunta, el escrito enviado al Gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.
Diego Maraña, presidente de EN-Colectivo, valora muy positivamente la apertura de este procedimiento que viene a demostrar que conforme pasa el tiempo, la situación de esta concesión está más en entredicho. Tal y como afirma, “se trata de un gran avance en este asunto y supone una gran noticia para todos los gallegos. Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia en las que han vencido los 40 años de concesión”. Asimismo, desde la asociaciónse solicita al Gobierno transparencia para que todos los gallegos podamos conocer el contenido del escrito remitido por la Comisión Europea y la respuesta que se le vaya a dar.
España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión y en caso de que no responda, la Comisión puede decidir enviarles un dictamen motivado.
La Xunta exige explicaciones
En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez Allegue ha solicitado al Ejecutivo central «comunicación» para saber «exactamente» qué requerimientos fueron hechos y qué contestaciones se han dado, «sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una autopista que es vertebradora para Galicia».
«Creo que es clara la posición del Gobierno autonómico, al respecto de que debe verificarse la concesión de Audasa», ha reivindicado la conselleira, asegurando que la compañía está obteniendo «excesivos beneficios año a año» y los peajes siguen aumentando para los usuarios.
Todo ello después de conocerse este pasado miércoles que la Comisión Europea abrió sendos expedientes de infracción a España por incumplimiento, por un lado, de la legislación comunitaria sobre contratación pública y, por otro, de la normativa sobre la concesión de autopistas –en concreto, sobre este segundo punto, envía una segunda carta de emplazamiento en respuesta a la denuncia realizada por EN-Colectivo sobre la AP-9.
El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Caballero exige la gratuidad
Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido aprovechar la circunstancia de este segundo expediente para avanzar en «la vía de la gratuidad» de la autopista.
Al igual que hizo el miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, Caballero ha recordado que la prórroga hasta el 2048 de la concesión de la AP-9 la hizo José Maria Aznar cuando era presidente del Gobierno, en el año 2000. «Como consecuencia de aquella terriblemente nefasta decisión para Vigo y para Galicia, seguimos pagando autopista», dijo el regidor vigués, que agradeció que «cada vez que gobierna el PSOE en Madrid se hacen descuentos además de ponerse la gratuidad a Cangas y Moaña». Pese a ello, consideró que «esta es la gran ocasión» para exigir la gratuitad entre Vigo y Pontevedra –»que es imprescindible»– y en toda Galicia «porque no puede ser que cualquier viaje entre el sur y el norte haya que pagar una autopista carísima».
Procedimiento abierto
Tras la denuncia realizada por la Asociación de consumidores EN-Colectivo en julio de 2019 ante la Comisión Europea, se abrió un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9.
En septiembre de 2021, desde Bruselas ya se envió una carta de emplazamiento al Gobierno de nuestro país por considerar que al modificar y al prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9, sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del derecho europeo, en particular de la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.
Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.
Denuncia de EN-Colectivo
En la denuncia presentada por EN-Colectivo el 9 de julio de 2019 se indicaba que los Reales Decretos 1809/1994 y 173/2000, que conceden sendas prórrogas a Audasa para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048 respectivamente, incumplían diferentes Directivas de la Unión Europea.
Desde la asociación se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de dichos reales decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.
En su denuncia, EN-Colectivo argumentaba que las dos prórrogas de las que ha sido objeto la concesión infringen la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.
En concreto, señalaba que las prórrogas aprobadas en los años 1994 y 2000 equivalen a una nueva concesión y, por ello, deberían haberse convocado las necesarias licitaciones. No haberlo hecho impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la libre prestación de servicios.
Por otra parte, se informaba que estas prórrogas de Audasa afectan directamente al comercio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, al no haber ninguna alternativa a la vía con unas condiciones semejantes, lo que sí ocurre en otros territorios del Estado.
