La Asamblea Republicana de Vigo ha presentado este viernes en la Ciudad de la Justicia una denuncia dirigida al Fiscal General del Estado, contra el rey emérito, Juan Carlos I, y las infantas Elena y Cristina de Borbón, por la presunta comisión de un delito fiscal y por blanqueo de capitales, en relación a la constitución de una fundación en Abu Dhabi «con fondos milmillonarios ocultados a la Hacienda española» y para poder transferir su herencia a sus hijas.
La denuncia ha sido preparada por los abogados Antón Beiras Cal (tributarista) y José Luis Gutiérrez Aranguren (penalista), en representación de la Asamblea Republicana, y también se ha hecho llegar a la Agencia Tributaria.
Según ha explicado Antón Beiras en declaraciones a los medios, Juan Carlos I realizó dos regularizaciones fiscales mediante la presentación de declaraciones complementarias, una en diciembre de 2020 y otra en febrero de 2021.
En el primer caso el importe regularizado fue de 4,4 millones de euros, mientras que en el segundo, el Rey emérito afirmó haber tenido que «pedir dinero prestado a sus amigos» para pagar a Hacienda
«Ahora resulta que constituye con un patrimonio milmillonario una fundación donde las infantas participan en el patronato«, ha señalado el abogado Antón Beiras, quien ha explicado que, al contrario de lo que ocurriría con una querella, la Fiscalía no puede ser inadmitirla, sino que «tiene que actuar de oficio».
«Para que no se ‘duerma’ la denuncia» la Asamblea prevé contactar con los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Sánchez, con el fin de «presionar al Gobierno» para que las actuaciones de investigación se inicien «lo antes posible». Las regularizaciones fiscales del Rey emérito prescriben los próximos meses de diciembre y febrero y «si no se inician las actuaciones antes no hay nada que hacer», ha explicado el letrado.
La Asamblea ya presentó una querella en su momento contra Juan Carlos I por delitos fiscales, pero entonces la Audiencia Nacional la inadmitió «por su doctrina de que las querellas no se pueden fundamentar en recortes de periódicos, excepto si van dirigidas contra Begoña Gómez», ha ironizado el jurista.
«Tarea ineludible» y «problema de ciudadanía»
El portavoz de la asamblea, Celso Pazos, ha señalado que «siendo republicanos», todo lo que sea «herir» la estabilidad de la institución monárquica es una «tarea ineludible». «No podemos actuar de otra manera», ha sentenciado.
Beiras Cal, además, ha puntualizado que «no es solo cuestión de república y monarquía», sino un «problema de la ciudadanía». «¿No es un escándalo? ¿Acaso un monárquico no puede sumarse a esta iniciativa? Un fraude de 2.000 millones de euros cometido por la más alta magistratura del Estado no es perseguido, pero cualquiera de nosotros puede acabar con una multa de la Agencia Tributaria», ha apostillado.
