El estudio encargado por la Xunta cifra en 526 millones de euros el coste de la transferencia de la autopista AP-9 a Galicia y el rescate oscila entre 1.612 y 2.355 millones de euros, una cifra muy inferior a las sucesivas aportadas desde el Ministerio de Transportes, que primero habló de 2.000, luego de 4.000 y la última vez elevó hasta 6.000 millones de euros el coste de dicho rescate a la concesionaria Audasa.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y el jefe de Proyectos de la consultora Eptisa, Marcos Maderuelo, dieron cuenta este jueves en rueda de prensa de los resultados de este estudio.
El Gobierno gallego encargó en el pasado mes de junio a una empresa experta e independiente un análisis pormenorizado para determinar el coste real del traspaso de la AP-9 a la comunidad, una reivindicación reiterada desde el año 2009.
Según detalló la conselleira, el informe presentado este jueves contempla dos escenarios, el primero la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la comunidad autónoma.
El cambio de titularidad en sí mismo no tendría coste, pero sí los incrementos de bonificaciones que se prevén en el texto de la proposición de Ley que se tramita en el Congreso, que supondrían un gasto de algo más de 526 millones de euros adicional a las bonificaciones vigentes.
El segundo escenario que evalúa el estudio es el rescate y, en consecuencia, la gratuidad, cuyo coste se estima en una oscilación entre los 1.612 y los 2.355 millones de euros.
Estos números, fruto del citado estudio, tal y como puntualizó la conselleira, distan mucho de los ofrecidos en los últimos meses por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que habló primero de 2.000 millones de euros, después de 4.000 millones y finalmente hasta 6.000 millones de euros.
La Xunta ha exigido transparencia al Gobierno en estas cifras y, dada su negativa, encargó este estudio para poder contar con información rigurosa sobre las inversiones necesarias para los citados procedimientos.
Martínez Allegue ha subrayado que la Xunta sigue defendiendo esta transferencia, cuya proposición de Ley fue aprobada por el Parlamento gallego hasta en cuatro ocasiones y por unanimidad.
Además, el Congreso de los Diputados también admitió en junio, por tercera vez, el debate para materializar este traspaso.
La responsable de Infraestructuras hizo hincapié en que el Gobierno gallego continuará exigiendo que se cumplan los compromisos del PSOE y del BNG, que prometieron en campaña de las elecciones autonómicas la gratuidad en la AP-9 y también en la AP-53 entre Santiago y Lalín.
El avance en la transferencia, una prioridad
De hecho, este miércoles, los diputados del PPdeG en el Congreso situaron el avance en la transferencia de la AP-9 como una de sus prioridades en el nuevo curso político y, en este sentido, abogaron por agilizar su tramitación parlamentaria para «evitar que se repitan boicots» como los que se dieron en la pasada legislatura por parte del PSOE y sus socios de gobierno.
Tras la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico a Galicia en la Cámara Baja el pasado mes de junio, ahora una Ponencia debatirá el texto y tendrá que remitir un informe a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Un proceso en el que los diputados gallegos Celso Delgado, Tristana Moraleja y Pedro Puy ejercerán como ponentes en representación del grupo popular.
Actualmente, la tramitación de la iniciativa se encuentra en fase de presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos y, dado que en la pasada Legislatura el PSOE, Sumar y Podemos «boicotearon» este proceso «prorrogando hasta quince veces el plazo de presentación de enmiendas», los populares demandan a la Mesa del Congreso que cierre el plazo en este mes de septiembre.
Desde el Partido Popular lamentan que esta iniciativa legislativa tenga que volver a iniciar su proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados después de llegar a acumular hasta quince prórrogas acordadas por los representantes del PSOE y Podemos en la pasada Legislatura.
Un bloqueo especialmente «sorprendente» por parte de las filas socialistas, ya que, tal y como recuerdan los populares, «bloquearon un texto literalmente idéntico al aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia».
Por el contrario, las enmiendas presentadas por los socialistas «buscaban desactivar la transferencia de la titularidad y de las competencias de la AP-9 y limitarla la una transferencia de competencias sobre la administración y la explotación».
Es decir, que la titularidad de la autopista continuara en manos de la Administración General del Estado, como hasta ahora.
«Fue la posición boicoteadora de los socialistas a lo largo de la pasada Legislatura a que impidió que las Cortes aprobaran la Proposición de Ley Orgánica que haría efectiva la transferencia de la AP-9 a Galicia», concluyen en este sentido.
Desde el PPdeG piden «coherencia» tanto al PSOE como el BNG en este nuevo proceso de tramitación y les demanda que cumplan con su palabra después de que en las pasadas elecciones autonómicas «habían prometido la gratuidad de la AP-9 y de la AP-53».
