La ex gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera ha justificado con dos razones la elección de la concesión de obra pública para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, lo que supuso, según el Consello de Contas, un coste de 470 millones de euros superior a si se hubiesen licitado por separado la obra y los servicios. «De no haberse hecho por este modelo (concesión de obra pública), estaríamos aún esperando a que concluyeran las obras», ha aseverado por su parte el también exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña, para posteriormente reconocer con un símil que salió «más caro» por recurrir a financiación externa, como «cuando uno no tiene el dinero y se tiene que recurrir a un banco para que se lo preste».
Por un lado, el «estado preocupante» del Hospital Xeral, que hacía necesario contar con uno nuevo «a la mayor brevedad posible». Por otro, porque era la «única manera de que no computase en deuda» en un contexto de crisis económica y de las nuevas reglas fiscales que impusieron Europa y el Estado. «La alternativa era construir o no construir el hospital», ha resumido.
Mosquera ha comparecido este viernes por la tarde en la comisión del Parlamento que investiga la contratación de la Xunta en pandemia y el modelo de construcción del Álvaro Cunqueiro. Fue la gerente del Sergas del primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo, entre 2009 y 2012; tras lo cual fue conselleira de Sanidade hasta 2015, por lo que vio desde la primera línea –en junio de aquel año– cómo llegaban los primeros pacientes al nuevo hospital.
Mosquera se ha remontado a cuando asumió la Xerencia del Sergas, en 2009, para recordar que los técnicos les trasladaban que el estado del Hospital Xeral era «francamente preocupante» y que los problemas de seguridad eran «muy importantes».
Según ha relatado, el modelo para levantar un nuevo hospital fue objeto de «discusión interna» no solo en Sanidade, sino también en la Consellería de Facenda y la Asesoría Xurídica en los primeros años de la Xunta de Feijóo.
Finalmente, tras un estudio encargado a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC), se decantaron por la concesión de obra pública por ser la «que mejor se adaptaba a la situación económica y la premura» necesaria para su construcción. Así, se rechazaron otras alternativas, entre ellas una que encargaba la construcción a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
«Hombres de negro»
Mosquera ha insistido en que era una «exigencia» estatal y europea que la construcción «no computase en deuda». «Los ‘hombres de negro’ estaban revisando las cuentas del Estado para decidir si intervenían o no a España. Gobierno de Zapatero», ha recordado.
Es más, una de sus «preocupaciones» era que «muchas empresas» que podían concurrir a la licitación «no conseguían la financiación» necesaria. De hecho, llegaron a solicitar avales al Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha recordado Mosquera.
Asimismo, la exconselleira ha negado que el modelo del Álvaro Cunqueiro suponga una «privatización» de la sanidad porque «desde el primer momento descartaron» los conocidos como «servicios de bata blanca», es decir, médicos y enfermeras.
«¿Qué se hizo? Gestionar mejor, porque en un contrato único se metieron todos los servicios no sanitarios», ha recalcado Rocío Mosquera.
Destitución
Por parte de la oposición, el diputado del BNG Luís Bará le ha preguntado, si «tan modélico» fue el levantamiento del Álvaro Cunqueiro, «por qué fue destituida» por Feijóo en octubre del 2015 en un contexto de «caos» en el proceso de traslado de servicios.
El entonces presidente de la Xunta reconoció que la había cesado por «escuchar» a la sociedad, tras una multitudinaria manifestación contra su gestión. A esto ha sumado el diputado del Bloque la «debacle electoral» sufrida por el PP en Vigo en las municipales de mayo de aquel año: «Igual tuvo algo que ver».
Sobre aquellos años, posteriormente Mosquera ha replicado que el resto de formaciones se dedicaban a «manipular» y «mentir» para afirmar que «era un hospital privado». Además, ha restado importancia a su cese, hace ya nueve años, porque el traslado y la integración de servicios «en muchas comunidades autónomas se llevó por delante a varios conselleiros». «Pero no pasa nada», ha apostillado.
«Inaceptable» la «disculpa» económica
Por parte del PSdeG, Elena Espinosa ha calificado de «inaceptable» la «disculpa» de la exconselleira de que se escogió la concesión por minimizar deuda. «Como hay crisis, gasto más», ha resumido la socialista.
Dicho esto, ha exigido que se haga público el informe de PWC, después de que en días pasados la Xunta denegase al medio ‘Praza.gal’ acceder a él porque la consultora lo declaró «confidencial». «Algo debe esconder que no podamos saber», ha dicho Espinosa.
Roberto Rodríguez (PP) ha reprochado a la oposición que hablase «de cualquier otra cosa menos del objeto de la comisión» y ha insistido en los argumentos de Mosquera: «No había dinero» para construir el hospital.
Asimismo, el portavoz popular en el debate ha señalado que el informe encargado a Garrigues por el bipartito para el Álvaro Cunqueiro iba a suponer la constitución de «una sociedad público-privada» con «un 90 por ciento de capital privado».
Jefe de personal subalterno
Con anterioridad, ha comparecido en la comisión el jefe de personal subalterno del Álvaro Cunqueiro, Alejandro Vila Alonso, para detallar la situación del anterior hospital vigués –el Xeral–, destacando la «necesidad» de que el área sanitaria contase con un nuevo centro hospitalario.
«Un hospital donde fuimos capaces de hacer frente a una pandemia como la del Covid de una manera muy satisfactoria. No quiero ni pensar qué pasaría si nos coge en el Hospital Xeral», ha expuesto antes de señalar que desde su visión como responsable del colectivo de celadores del Álvaro Cunqueiro, este hospital era de «imperiosa necesidad».
Tras su primera intervención, los grupos de la oposición han cuestionado la comparecencia del jefe de personal subalterno. «Aquí hablamos de otra cosa», ha apuntado la socialista Elena Espinosa, que ha recordado que se habla «de un informe de Contas que pone de manifiesto irregularidades».
Tabarés (BNG) también ha cuestionado si esta comparecencia se corresponde «con el objeto de investigación» y ha acusado al PP de hacer «un fraude de ley» en esta comisión al posibilitar su creación pero «amparar otros artículos para hacer imposible el trabajo».
El popular Roberto Rodríguez sí ha considerado como «importante» esta comparecencia y ha pedido a la oposición que «dejen mentiras para otros días». «¿Piensan que los letrados de esta casa iban a permitir un fraude de ley? El objeto de esta comisión se respetó íntegramente», ha reivindicado.
En su último turno de palabra, el compareciente ha aprovechado «la oportunidad» de contar con la presencia de todos los grupos para demandar la creación de un modulo de formación profesional para la categoría de celador. «Es necesario, somos personal sanitario y necesitamos formación», ha concluido.
Primero defendió el modelo Comesaña
Antes que Mosquera, el que fue conselleiro de Sanidade entre septiembre de 2020 y abril de 2024, Julio García Comesaña, ha defendido este viernes en el Parlamento autonómico la «legalidad» y la «transparencia» de todos los contratos de emergencia firmados para poder cubrir las necesidades del Servizo Galego de Saúde (Sergas) durante los primeros meses de la pandemia de la covid-19. El debate con la oposición se ha centrado mayormente en estas contrataciones, aunque el exconselleiro empleó su primera intervención para defender el modelo de concesión de obra pública escogido por la Xunta para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Según un informe del Consello de Contas, la Administración autonómica se hubiese ahorrado 470 millones de euros de haber licitado las obras y los servicios por separado.
«De no haberse hecho por este modelo (concesión de obra pública), estaríamos aún esperando a que concluyeran las obras», ha aseverado García Comesaña, para posteriormente reconocer con un símil que salió «más caro» por recurrir a financiación externa, como «cuando uno no tiene el dinero y se tiene que recurrir a un banco para que se lo preste».
El exconselleiro de Sanidade, que también fue gerente del Área Sanitaria de Vigo entre 2019 y 2020, recordó que fue el gobierno de Manuel Fraga el que aprobó primeramente, en 2005, la construcción del hospital. Sin embargo, ese mismo año llegó el bipartito de Emilio Pérez Touriño a la Xunta y se inició un «proceso de parálisis».
El ahora diputado del PP ha achacado a BNG y PSdeG el «sobrecoste de cuatro años» que supuso aquel gobierno porque, durante ese período, «no se movió ni un ladrillo» para levantar el hospital.
Esto se desbloqueó con la vuelta del PP a la Xunta en 2009 y, tras el comienzo de las obras en 2011, acabaron en 2015 «en un tiempo récord» y permitió que el área de Vigo tuviera un hospital «de los mejores de Europa».
Esto permitió, ha argumentado, que en 2019 las listas de espera se redujesen en el área hasta los «61 días, 44 días menos que en 2013». Esto se tradujo en un ahorro de 80 millones de euros «por seis años» al reducirse las estancias medias en los hospitales.
Además, la dimensión del Álvaro Cunqueiro supuso que la Consellería «nunca» contempló durante la pandemia la construcción de un hospital de campaña en Vigo y que se pudiera «ofrecer» camas a pacientes portugueses.
Sobre el hospital, Luís Bará (BNG) ha afeado al exconselleiro que interviniese en la comisión como «pretendido opositor» del Ayuntamiento de Vigo.
Patricia Iglesias (PSdeG), mientras tanto, ha reconocido que el bipartito «estudió distintas vías» para construirlo pero «apostaba por un hospital público, no de concesión de obra pública» que supuso «un traje a medida de la concesionaria».
