El tejido productivo gallego vuelve a alzar la voz contra el constante encarecimiento de la principal vía de comunicación de la comunidad. La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha emitido un comunicado contundente alertando de que los «incrementos abusivos» en las tasas de la AP-9 no solo penalizan a las empresas, sino que hipotecan la movilidad de ciudadanos y profesionales, comprometiendo gravemente la economía gallega.
La preocupación se intensifica ante la nueva subida prevista para los peajes en 2026, que la CEP sitúa alrededor del 4,4%. Este nuevo aumento se suma a una escalada que ya ha encarecido la autopista en más de un 20% en los últimos cuatro años, según denuncian los empresarios.
La AP-9, un eje vital y una factura desproporcionada
La Autopista del Atlántico es una vía de comunicación esencial, pues vertebra el eje atlántico donde se concentran las ciudades más pobladas, y con ello, los principales núcleos industriales, logísticos y portuarios de Galicia. El encarecimiento constante de sus peajes impacta directamente en los costes de transporte y logísticos, mermando la competitividad del tejido productivo gallego en comparación con otras comunidades donde las autopistas son gratuitas o presentan tarifas mucho más reducidas.
Jorge Cebreiros, presidente de la CEP, no dudó en señalar directamente al Gobierno central: “No se puede hablar de impulsar la competitividad de Galicia mientras se mantiene una autopista que encarece con creces cada desplazamiento año tras año”. El líder empresarial lamenta que «cada viaje por negocios, cada envío, cada exportación es una oportunidad de negocio que no se está defendiendo como se merece”.
Desequilibrio territorial e indiferencia política
La Confederación subraya que la situación actual deriva de un convenio concesional que fue prorrogado por dos décadas adicionales de manera que la Comisión Europea dictaminó como ilegal. Esta prórroga, sostienen, supone un claro desequilibrio territorial y económico que aísla a Galicia y penaliza su actividad.
Cebreiros criticó la «falta de acción del ejecutivo central por un rescate que se viene pidiendo desde hace años», entendiendo este inmovilismo como una clara «falta de interés por impulsar la economía gallega».
El impacto de las subidas es doble. Por un lado, encarece la movilidad laboral para trabajadores y autónomos que deben desplazarse entre ciudades gallegas separadas por escasos 25 kilómetros (como el caso entre Vigo y Pontevedra). Por otro lado, implica una reducción de márgenes empresariales que los negocios deben asumir simplemente por su localización geográfica. La CEP recuerda que más del 90% de las empresas de la comunidad son pequeñas, un esfuerzo económico que muchos negocios pronto no podrán asumir.
Demanda de soluciones urgentes
Ante este panorama, la CEP reitera la necesidad de una revisión urgente del modelo concesional de la AP-9 que derive en una reducción efectiva de los peajes y garantice una gestión transparente y sostenible.
La patronal reclama la implantación inmediata de bonificaciones permanentes y generalizadas tanto para el transporte de mercancías como para los usuarios frecuentes, medidas que servirían de paliativo hasta que se alcance una solución definitiva.
La CEP concluye su nota insistiendo en que la competitividad de Galicia no puede depender de peajes desproporcionados ni de concesiones prorrogadas sine die. Exigen la creación de un plan de infraestructuras competitivo que equilibre los costes con los de otras comunidades autónomas, favoreciendo la reindustrialización y garantizando la cohesión territorial y la creación de empleo de calidad.
