El Gobierno ha solicitado dos meses más para justificar ante Bruselas la prórroga de la AP-9, después de que en abril la Comisión Europea abriese por segunda vez a España sendos expedientes de infracción por incumplimiento, por un lado, de la legislación comunitaria sobre contratación pública y, por otro, de la normativa sobre la concesión de autopistas.
Pese a que el plazo marcado inicialmente para que el Ejecutivo español pudiese responder a este expediente acababa el próximo lunes, día 24 de junio, finalmente se ha solicitado una prórroga de dos meses, permitiendo al Gobierno más margen para su justificación.
Según fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible consultadas por Europa Press, dicha prórroga ya ha sido concedida.
Así, el Gobierno dispone ahora de otros dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Procedimiento abierto
En concreto, el procedimiento abierto por la autopista AP-9 tiene que ver con la prórroga de su concesión y su adaptación a la normativa europea.
Los Estados miembro debían incorporar a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión antes del 18 de abril de 2016, un plazo que España incumplió junto a Bulgaria y Rumanía.
Esta directiva pretende abrir los mercados públicos a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE para garantizar una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas.
Bruselas señala que la legislación española esta no respeta, en particular, el ámbito de aplicación de la directiva en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones que deben cubrirse.
España afronta también un segundo expediente de infracción por prorrogar la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE.
Con ello, la Comisión busca garantizar el respeto de la regulación comunitaria sobre concesiones, que establece la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.
Asociación de consumidores En Colectivo
Fue la asociación de consumidores En Colectivo la que presentó en julio de 2019 ante la Comisión Europea una denuncia, que dio paso a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9.
En septiembre de 2021, desde Bruselas ya se envió una carta de emplazamiento al Gobierno de nuestro país por considerar que al modificar y al prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9, sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, España había incumplido la normativa.
Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.
En la denuncia presentada por En Colectivo el 9 de julio de 2019 se indicaba que los Reales Decretos 1809/1994 y 173/2000, que conceden sendas prórrogas a Audasa para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048, respectivamente, incumplían diferentes Directivas de la Unión Europea.
Desde la Asociación se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de ambos reales decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.
En concreto, se incidía en que las prórrogas aprobadas en los años 1994 –hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González– y en 2000 –hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar– equivalen a una nueva concesión y, por ello, deberían haberse convocado las necesarias licitaciones.
No haberlo hecho, agregaban, «impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la libre prestación de servicios».
También se informaba de que estas prórrogas de Audasa «afectan directamente» al comercio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, al no haber ninguna alternativa a la vía con unas condiciones semejantes, lo que sí ocurre en otros territorios del Estado.
