El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales ha difundido una serie de recomendaciones para recuperar las zonas afectadas por los incendios que pasan por evaluar la gravedad de los daños o favorecer la regeneración natural de la zona, entre otros.
Como han indicado en un comunicado, los incendios forestales no terminan cuando se extinguen las últimas llamas ya que, al terminar el fuego, empiezan a percibirse los daños producidos a las poblaciones afectadas, daños que no son únicamente las pérdidas de casas, ganados y otros bienes pues comienzan a surgir una serie de necesidades de manera urgente y muchos pueblos se han quedado sin agua, luz o teléfono.
Desde el punto de vista forestal, consideran preciso restablecer los accesos del monte: despejar y reparar pistas forestales y carreteras locales dañadas por caída de árboles, piedras, tierra o cenizas, o por los propios trabajos de extinción; retirar obstáculos que impidan el acceso; revisar y sustituir en los pasos de agua (tubos/alcantarillas) los materiales sensibles al calor que han quedado inutilizados; y reparar captaciones de agua, cerramientos e infraestructuras clave afectadas por el fuego o por el tránsito de maquinaria.
Una vez se produzcan las lluvias, alertan los Técnicos Forestales, todos estos problemas se verán agravados y aparecerán, además, los daños derivados de los arrastres de materiales y cenizas de los suelos ya sin cubierta vegetal.
Por ello, durante el primer año tras el incendio, afirman que es fundamental evaluar la severidad del daño, y la capacidad de regeneración natural de la zona. Esta fase, apoyada en imágenes satelitales, sensores aéreos y trabajo de campo, permite decidir dónde intervenir y con qué intensidad.
Como indican, muchas especies mediterráneas -encinas, alcornoques, robles, pinos canarios o matorrales como brezos y retamas- están adaptadas al fuego y pueden rebrotar o regenerarse de forma natural por lo que «actuar sin considerar estas dinámicas puede ser contraproducente».
En este sentido, enfatizan en que uno de los problemas más graves es la pérdida de suelo fértil por erosión, un recurso que no es fácilmente renovable que sostiene la biodiversidad, la calidad del agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Tras un incendio, la desaparición de la cubierta vegetal expone el terreno a la acción directa de la lluvia y el viento, aumenta la escorrentía, disminuye la infiltración de agua y se acelera la pérdida de nutrientes y materia orgánica, reduciendo la capacidad productiva del suelo y su función protectora.
Las primeras lluvias pueden duplicar o triplicar el arrastre de sedimentos, colmatando embalses, contaminando aguas superficiales y subterráneas, y provocando riadas o inundaciones en zonas próximas. Por este motivo, argumetan que proteger el suelo durante el primer año es más eficaz y económico que intentar recuperarlo después, ya que su regeneración natural es «muy lenta y difícil de revertir».
Entre las medidas recomendadas destacan el ‘mulching’ (cubrir el terreno con restos vegetales que amortiguan el impacto de la gota de lluvia y mantienen la humedad), la construcción de barreras físicas como fajinas, albarradas o terrazas para frenar la escorrentía, y el empleo de mantas o redes orgánicas con hidrosiembra que protegen inmediatamente la superficie, favorecen la germinación y estabilizan la ladera. Estas técnicas, aplicadas de forma temprana y planificada, son esenciales para evitar procesos de desertificación y favorecer la recuperación natural de la vegetación, insisten desde el Colegio.
Sobre el uso de la madera quemada, explican que los árboles afectados pueden contribuir a conservar el suelo, mantener humedad, generar hábitats y aportar nutrientes, y en algunos casos, los árboles muertos en pie también pueden favorecer la regeneración natural de especies de media luz y, en repoblaciones, evitar el uso de protectores. A medio plazo, la caída de estos fustes reduce la competencia sobre el regenerado deseado, actuando como un clareo natural por aplastamiento.
No obstante, dejar demasiados árboles afectados en pie también puede ser contraproducente, porque favorece la proliferación de plagas forestales, como los insectos perforadores, que ponen en riesgo a las masas sanas cercanas. Por ello, cada incendio requiere una evaluación específica para decidir qué cantidad de pies quemados es conveniente retirar y cuántos deben mantenerse.
En cualquier caso, consideran que, si se realiza extracción, debe hacerse con criterios equilibrados, conservar parte de los árboles en pie, aprovechar restos para fajinas, reducir el riesgo de plagas y minimizar el impacto sobre la biodiversidad.
Estrategias a medio y largo plazo
A medio y largo plazo, la restauración no se circunscribe a plantar árboles ya que se trata de diseñar el futuro del monte y garantizar su resiliencia frente al cambio climático y a futuros incendios. Para ello, ven esencial definir la función del terreno restaurado, ya sea conservación de la biodiversidad, protección frente a la erosión y regulación hídrica, aprovechamiento productivo sostenible (madera, corcho, pastos, setas) o uso social y recreativo; y favorecer la regeneración natural, que debe acompañarse de tratamientos selvícolas que eviten densidades excesivas, reduzcan la competencia por agua y nutrientes, y mejoren la vitalidad del bosque joven.
También abogan por reforestar de forma selectiva cuando sea necesario, eligiendo especies y procedencias genéticas adaptadas no solo al medio actual, sino también al clima futuro previsto. En este sentido, insta a priorizar especies resistentes a las nuevas condiciones climáticas, fomentando la diversidad genética y funcional para reducir la vulnerabilidad a plagas, enfermedades y fenómenos extremos.
Además, pide apostar por mosaicos de ecosistemas heterogéneos, donde convivan distintas especies, edades y estructuras pues estos paisajes multifuncionales son más resistentes al fuego y ofrecen hábitats más ricos para la fauna, favoreciendo la recuperación de la biodiversidad.
Como enfatizan, es fundamental que, al diseñar las actuaciones de restauración, se planifiquen desde el inicio las infraestructuras preventivas necesarias para el futuro. Entre ellas, una red de defensa adecuada, la creación de zonas de seguridad y la apertura o mejora de pistas forestales que faciliten el acceso de los medios de extinción a áreas que hoy resultan inaccesibles. Igualmente, debe contemplarse el diseño y gestión de la interfaz urbano-forestal, de forma que se minimicen los riesgos y se mejore la resiliencia de las poblaciones frente a futuros incendios.
En cualquier caso, recuerdan que la restauración tras un incendio también debe responder a un reto social: el fuego impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, que ven amenazados sus medios de vida y su vínculo con el territorio. En España, el 72% de los montes son privados (muchos en copropiedad vecinal), un 21% pertenece a entidades locales y apenas un 3,7% al Estado o a comunidades autónomas. Esta diversidad de titularidades condiciona la gestión, la prevención y la restauración, según el Colegio.
Por ello, instan a integrar a propietarios, entidades y asociaciones locales, voluntariado y administraciones en la planificación y ejecución de medidas. También reclaman el compromiso firme de las Administraciones públicas para incrementar la inversión en restauración post-incendio y planificarla con visión a largo plazo. Estas actuaciones deben coordinarse estrechamente con los propietarios forestales, el sector técnico y la población local, de forma que se conviertan también en una oportunidad de desarrollo rural, empleo y cohesión social.
