Si la AP-9 está en boca de todos estos días, después de que el Gobierno de España haya evitado tomar decisión alguna sobre el futuro de la concesión a Audasa, es gracias a la plataforma ciudadana En Colectivo, que fue la que denunció en su momento ante la Comisión Europea vulneración de la legalidad por el modo en que el Gobierno de José María Aznar prorrogó la concesión hasta 2048.
Son este grupo de ciudadanos, encabezados por el abogado Jesús Maraña, quienes plantearon que se había renovado la concesión a dedo, sin abrir el pertinente concurso público, a lo que el Consejo Europeo les dio la razón. En consecuencia, la Comisión emitió hasta tres dictámenes motivados para pedir explicaciones al Gobierno de España. Y, una y otra vez, el Gobierno apuró los plazos, como acaba de volver a hacer. Y además, con una respuesta que, posiblemente, lo retrasará todo aún más.
«De nuevo esto parecía que acababa pronto pero es una agonía. Dos cartas de emplazamiento reiterando ilegalidad. No entendemos por qué el Gobierno juega con los gallegos en dilatar este plazo sine die«, ha dicho Maraña a Vigoé. «La contestación del Gobierno es ambigua, ni dice que sí, ni dice que no, y eso obligará a la Comisión Europea a establecer un nuevo tiempo de negociación» que lo retrasará todo, lamenta.
Galicia marginada
«Creo que habría que reclamar al Gobierno que explique por qué considera a Galicia una región de tercera categoría y nos obliga a pagar un peaje ilegal hasta 2048», afirma Maraña, quien está «completamente seguro» que una situación como la que se vive en Galicia con la AP-9 estaría hace tiempo resuelta si en lugar de pasar aquí pasase en Cataluña o en el País Vasco.
«Esto acabará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, seguro» vaticina este abogado, el cual lamenta que, mientras tanto, hay que seguir pagando por utilizar la única vía que actualmente vertebra verdaderamente Galicia: «21 euros pagué ayer por ir a A Coruña».
Además, Maraña discrepa profundamente de las explicaciones que hasta el momento ha ido dando el ministro de Transporte, Óscar Puente, las cuales afirman que sería muy gravoso para el Gobierno rescatar la concesión.
«El propio Consejo de Estado ya hace tres años comunicó al Gobierno que el coste de indemnizar era muy inferior al de mantener todos estos peajes pagados de retorno y en sombra que paga la administración a cuenta de todos los ciudadanos», recuerda.
«Se está permitiendo que una autopista ilegal solo genere beneficio a un fondo holandés y a otro suizo, que cada uno piense qué es lo que esta pasando.Que el estado sea conocedor de esta situación y que por su empeño a no acatar un dictamen motivado no inicie el procedimiento de anulación de la concesión es surrealista», afirma Maraña, quien afirma que lo único que piden desde En Colectivo es «seriedad y transparencia«.
