La patrulla fiscal y de fronteras de la Guardia Civil de Pontevedra (PAFIF) ha intervenido 1.573 litros de aceite de oliva procedentes de Portugal por irregularidades en su etiquetado al carecer de registro sanitario así como de certificado de trazabilidad.
A raíz de una información del Puesto de Cambados sobre un posible fraude en la comercialización de aceite de oliva se inicia una investigación sobre una empresa de Ribadumia dedicada a la distribución de alimentos.
El pasado 12 de marzo, la Guardia Civil realizó una inspección en el almacén de la empresa, donde se intervinieron1.200 litros de aceite. El responsable de la empresa manifestó a los agentes que procede de otra de Portugal que lo envasa con las etiquetas que le han facilitado, aunque desconoce la ubicación exacta de la misma.
Tras observar el etiquetado, detectan varias irregularidades, tales como que no consta denominación de origen o país de procedencia, no consta campaña de recolección, no tiene un número de registro sanitario, ni tampoco constan datos de contacto de la empresa responsable del envasado.
En definitiva, el etiquetado induce a error, haciendo suponer a los consumidores que se trata de aceite de oliva portugués, cuando no se acredita.
La patrulla de la Pafif, el día 14 de marzo, procedió a la inspección de la empresa distribuidora en otro almacén de Poio, donde se intervinieron otros 300 litros por las mismas irregularidades.
Posteriormente se inspeccionan tres comercios minoristas (supermercados) de Poio, donde se intervinieron 73 botellas más.
Por ello, la Guardia Civil ha efectuado distintas denuncias por infracciones a la calidad alimentaria, por irregularidades en el etiquetado que se envían a las Consellerías de Sanidad y Consumo para que procedan a analizar este aceite, que al no tener tampoco un certificado de trazabilidad ya que se desconoce de dónde viene puedan decidir si se procede a su destrucción, así como a la Consellería de Medio Rural.
Asimismo, se realiza una denuncia por no haber declarado el IVA en una importación intracomunitaria a Aduanas e Impuestos Especiales.
Las sanciones a los responsables podrían superar los 20.000 euros, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
