La Xunta volverá exigir al Gobierno central el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9 “y, si no hay respuesta, acudiremos a la vía judicial”, anunció hoy la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que recordó que este expediente se instruye desde hace seis años y del cual, dijo, «no sabemos absolutamente nada, a pesar de que Galicia es parte implicada”.
Allegue compareció este jueves junto al director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela y representantes de la Federación Galega de Transportes de Viaxeiros, con su presidente, José Carlos García Cumplido; la Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), con su vicepresidente José Fernández Fernández, y de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera (Apetamcor), con la directora xeral, Natalia Blanco.
La conselleira reiteró que la solución sobre la gestión de la AP-9 pasa por el rescate de la concesión y la eliminación de peajes en la autopista: “Entendemos que es lo mejor para el interés público y que sea cuanto antes”. Y anunció que la Xunta se dirigirá a los gobiernos autonómicos de Asturias y Castilla y León a fin de estudiar la coordinación de acciones conjuntas para reclamar la liberalización de los peajes.
Allegue criticó la «falta de transparencia» por parte del Gobierno central sobre la AP-9 ante el dictamen de la Comisión Europea sobre las irregularidades de las prórrogas de la concesión y que siga sin tomar una decisión. E insistió en que ante este dictamen, “los gallegos no entendemos por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no procede al inmediato rescate de la concesión”.
La conselleira criticó que, «hasta en cinco ocasiones», solicitó por carta una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar la gestión de la autopista y presentar el estudio elaborado hace un año por la Xunta sobre el coste del rescate y la transferencia, sin que hubiera respuesta. Esto a pesar, dijo, de que se trata del viario que vertebra el 60% del territorio gallego, con una media de 26.000 vehículos diarios, que en algunos tramos llega a 60.000, “y con una funcionalidad crítica tanto en lo que se refiere al tráfico interurbano como al metropolitano”.
El citado estudio, que estimaba el coste del rescate en 2.331 millones de euros, fue actualizado e informado por el Consello da Xunta en agosto de este 2025, elevando esta cuantía hasta los 2.356 millones de euros. En este sentido, advirtió que en dicha estimación se incrementa en 65 millones más por el lucro cesante para la concesionaria respecto a las cifras calculadas en 2024, debido al incremento de los beneficios de la concesión en ese año. “Cuanto más tiempo pase, más caro saldrá el rescate a todos los españoles”.
Reiteró que el informe de la Xunta establece que la gestión de la autopista por parte del Estado en los últimos años fue «perjudicial para el interés general, y especialmente para Galicia». En este sentido, apunta a la subida desmesurada de las tarifas para los usuarios en los últimos años y al enriquecimiento progresivo de la concesionaria. Así, los ingresos por peajes se incrementaron en un 39,7% entre 2021 y 2024, lo que supuso un aumento del resultado de la concesionaria de un 78,1% en ese período.
Apuntó que, a pesar de las bonificaciones implantadas, “que suponen un inmenso gasto público”, el coste medio por kilómetro para el usuario «sigue siendo el mayor de todo el territorio». Y señaló que las tarifas en la autopista subieron hasta un 32% desde 2018, frente al 19% de incremento en el resto de autopistas del Estado, y tan solo el 6% de subida en las de titularidad autonómica.
Y recordó que mientras en otros lugares de España se está revirtiendo la mayoría de las autopistas de peaje, liberando su tránsito, “en Galicia incluso se nos negó, reiteradamente, hasta en 41 ocasiones en esta legislatura, el debate de la transferencia en el Congreso de los Diputados”.
Tráficos
El director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, subrayó que el rescate de la concesión y la eliminación de los peajes implicará «beneficios ambientales, de seguridad vial, de calidad de vida, de ahorro de tiempo y de competitividad», que pueden ser cuantificados económicamente por el Ministerio para la toma de decisión.
En el estudio elaborado por la AXI, se remarcan los derivados del trasvase del tráfico desde las carreteras convencionales hacia la AP-9, con la evaluación de cuatro tramos. En el caso de la comparativa entre la AP-9 y la A-55 Puxeiros-enlace del Porriño, uno de los tramos de mayor peligrosidad, el rescate puede suponer el descenso de un tercio en el tráfico en la A-55 y un incremento del 376% en la circulación por la AP-9.
En lo que respecta a la AP-9 y A-55 entre el enlace Porriño-Tui, ese trasvase supondría un incremento de tráfico en la autopista de hasta el 577%. Por otra parte, en la zona de Curro-Pontevedra, se eliminaría la mitad del tráfico en la N-550 y el 33% en la PO-531 con el trasvase a la AP-9, y en el tramo entre Ordes y Sigüeiro, descendería en un 76% el tráfico en la N-550 y la AP-9 incrementaría en más de un 100% el flujo de vehículos.
Citó el ejemplo de la liberalización de la AP-7 en Alicante, recordando que, en ese caso, la eliminación del peaje fue una «medida temporal», posteriormente prorrogada y finalmente consolidada tras el estudio de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que valoraba el beneficio social de la medida en 16,8M€ anuales.
Al ahorro económico hay que añadir, apuntó, la posibilidad para el Estado de evitar o abaratar la ejecución de infraestructuras planificadas que tienen un elevado coste e importantes afecciones sociales, como es el caso, por ejemplo, del tramo A Ermida–Pilarteiros de la A-57 en la circunvalación de Pontevedra.
