Amnistía Internacional, As Ninguéns, el sindicato estudiantil Cascada y el Sindicato de Inquilinas han denunciado este miércoles que el rechazo del Congreso de los Diputados a prorrogar la moratoria de desahucios deja en situación de inseguridad a unas 70.000 familias vulnerables en toda España, por lo que han convocado una concentración a las 19.30 horas, delante del Museo MARCO, para exigir medidas urgentes que garanticen el derecho a una vivienda digna.
La protesta sucede al rechazo del Congreso, ayer, a prorrogar la moratoria antidesahucios incluida en el denominado escudo social. Esta medida, puesta en marcha en 2020 durante la pandemia, había logrado paralizar uno de cada cuatro desahucios y mantenía suspendidos unos 70.000 lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad.
Desde la plataforma estatal Ni Un Desahucio Más, que agrupa a más de un centenar de entidades en toda España, recuerdan que, pese a que la moratoria necesitaba mejoras para ampliar su cobertura, era “la única herramienta que había demostrado eficacia real” para frenar los desahucios sin alternativa habitacional. Por ello, denuncian la “enorme irresponsabilidad” que supone dejar decaer el decreto, al generar “incertidumbre e inseguridad jurídica” entre las familias afectadas.
Responsables
Estos colectivos señalan como responsables, por una parte, a los grupos parlamentarios que votaron en contra de la prórroga: PP, Junts, UPN y Vox, pero también apuntan al Gobierno por no haber logrado los consensos necesarios ni haber impulsado medidas estructurales y permanentes para garantizar el derecho a la vivienda.
Según la plataforma, la prioridad debe ser “no dejar a las familias en la calle”, ya que las administraciones públicas carecen en la actualidad de alternativas suficientes para afrontar el previsible aumento de lanzamientos. Por ello, reclaman la aprobación urgente de un nuevo decreto ley que ofrezca cobertura jurídica clara y amplíe la protección a las familias vulnerables, así como la puesta en marcha de un plan de emergencia.
Entre las medidas propuestas figuran la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda, actualmente en tramitación; el despliegue efectivo de los derechos de tanteo y retracto para incorporar vivienda privada en manos de grandes tenedores al parque público; y la puesta a disposición de viviendas de la Sareb, ante el anuncio de la venta de grandes carteras inmobiliarias por parte de fondos de inversión.
Mientras tanto, las organizaciones anuncian movilizaciones en distintas ciudades del Estado, como Madrid, Barcelona y Vigo, para exigir la recuperación de la moratoria de desahucios y la prórroga obligatoria de los más de 600.000 contratos de alquiler que finalizarán este año y que, en el actual contexto de crisis de vivienda, podrían derivar en nuevos lanzamientos.
