La concejala de Seguridad y Fiestas del Concello de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño debe cesar en su cargo o ser destituida. Eso es al menos lo que creen los dos partidos de la oposición, PP y BNG, tras conocerse que la magistrada que instruye el caso por el accidente de la atracción El Saltamontes, ocurrido en agosto de 2024 en Matamá y que se cobró la vida de un hombre llamado Iván Castaño, ha citado a declarar a Rodríguez Calvino en calidad de investigada.
Para los populares, «es de extrema gravedad» que Rodríguez Calviño haya sido citada como investigada, como lo ha sido el jefe de Seguridad, Antonio Vivero. «Y es también la constatación evidente de la manifiesta negligencia con la que actuó este gobierno municipal, al incumplir sus obligaciones de control y vigilancia de una atracción de feria que ni fue inspeccionada ni precintada por la policía local al carecer de autorización municipal para su montaje», ha dicho la presidenta de los populares, Luisa Sánchez.
«Ante la gravedad de los hechos, desde el Partido Popular de Vigo exigimos que la edil Patricia Rodríguez sea apartada de sus cargos con carácter inmediato. Una persona que está siendo investigada judicialmente no puede bajo ningún concepto permanecer en su puesto ni un minuto más, como si tal cosa, hasta que se depuren las responsabilidades judiciales», ha añadido.
Los populares entienden que existe «una responsabilidad política de la que la concejala no se puede escapar y que tiene que asumir», de modo que le piden que cese en el cargo y, en caso contrario, que el alcalde, Abel Caballero, la destituya porque «tampoco puede permanecer impasible ni en silencio delante de estos hechos, repito, gravísimos y debe actuar ya mismo».
Dicen los populares que si eso no ocurren en las próximas horas, presentará una moción de urgencia a este en la sesión ordinaria del pleno que se celebrará el próximo lunes.
El BNG
También el BNG ha anunciado que está preparando una moción en el mismo sentido. Los nacionalistas volverán a reclamar una investigación a fondo a nivel municipal, con el objeto de contribuir al esclarecimiento de lo sucedido y también para definir medidas adicionales que impidan que un suceso así pueda repetirse.
Según el Bloque, «la imputación de la concejala delegada, junto a la del Jefe de Servicio del área de Seguridad, verifica que hay indicios sólidos de responsabilidad municipal en relación a un control negligente que la propia Fiscalía asume al señalar la inexistencia tanto de un protocolo municipal de inspecciones como también la falta de una instrucción clara que ordenara el precinto de la atracción, una vez constatado que no reunía las debidas condiciones de acuerdo a la normativa para su autorización».
Los nacionalistas señalan en un comunicado que «en estas condiciones, agravadas por la negativa reiterada de la concejala a dar ningún tipo de explicación ante el pleno, lo que supone 537 días de un inaceptable silencio«, y también por el bloqueo por parte del Gobierno municipal a la apertura de una Comisión de Especial Investigación para depurar las responsabilidades, lo que corresponde ahora es el cese inmediato de Rodríguez Calviño.
