El proyecto urbanístico de la Panificadora sufre un nuevo retraso; en esta ocasión porque el Concello de Vigo se ha visto obligado a desistir de la licitación para contratar la redacción del proyecto de expropiación de los terrenos. Se trata de un paso imprescindible para avanzar en la transformación del ámbito pero que deberá ser aplazado porque el procedimiento estaba mal planteado desde el punto de vista legal, tal y como ha reconocido Urbanismo.
El problema nace de un contrato menor impulsado por la Gerencia de Urbanismo para la redacción del proyecto de expropiación del ámbito SX-EQ-DM-604 (la Panificadora), así como de las zonas verdes y espacios libres previstos en el entorno de las calles Cachamuíña y Falperra.
Según la resolución oficial, el Concello diseñó la licitación con un único criterio de adjudicación, el precio, pese a que la legislación estatal de contratos públicos prohíbe expresamente que este sea el único factor en los contratos de carácter intelectual, como los servicios de arquitectura, ingeniería o urbanismo. En estos casos, la ley obliga a introducir criterios de calidad con un peso mayoritario.
Procedimiento viciado
Urbanismo admite en el expediente que este defecto no puede corregirse una vez iniciada la licitación, lo que obliga a desistir del procedimiento por razones de interés público. Es decir, el propio Ayuntamiento reconoce que el concurso nació viciado y que no existe margen legal para enmendarlo.
El concurso había sido publicado en septiembre de 2025 y llegó a recibir cuatro ofertas, pero ninguna podrá ser evaluada. La resolución deja claro además que las empresas licitadoras no tendrán derecho a indemnización, al tratarse de un desistimiento previo a la adjudicación.
Más allá del trámite administrativo, la anulación supone un nuevo parón en un proyecto largamente anunciado y que acumula años de promesas, fases pendientes y cambios de planificación. La redacción del proyecto de expropiación era un paso previo imprescindible para poder avanzar en la ordenación y ejecución de los espacios públicos previstos en la Panificadora.
La resolución no solo anula la licitación, sino que deja sin efecto el informe de necesidad y la memoria justificativa que la sustentaban, y obliga a rehacer toda la documentación si el Concello quiere volver a sacar el contrato a concurso, esta vez ajustándose a la legalidad.
Aunque Urbanismo señala que el desistimiento no impide iniciar “de inmediato” una nueva licitación, lo cierto es que el error reconocido retrasa de nuevo los plazos y vuelve a situar el futuro de la Panificadora en una fase preliminar, lejos todavía de una ejecución efectiva sobre el terreno.
