La Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a dos años de cárcel a la administradora de una sociedad con deudas tributarias como autora de un delito de frustración de la ejecución. Además, le impone el pago de una multa de 2.880 euros y de una indemnización a la Agencia Tributaria de 86.898,37 euros.
La sección quinta de la Audiencia entiende probado que la sospechosa, con la intención de eludir el pago de dichas deudas, vendió un inmueble de su propiedad justo después de que se iniciara un expediente de derivación de responsabilidad tributaria en su contra.
Los magistrados destacan en la sentencia que, a pesar de recibir un importe considerable por la venta, no destinó los fondos a saldar sus obligaciones tributarias. «Se dice por la acusada que el destino de ese dinero fue hacer frente al pago de otras deudas, pero los documentos con los que trata de justificarlo no lo acreditan», indican los magistrados.
La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
