El Tribunal Supremo ha dado la razón a la CIG y ha reconocido el derecho a la subida salarial del personal docente e investigador (PDI) de la Universidade de Vigo con contratos predoctorales, postdoctorales y vinculados a proyectos de investigación correspondiente a los años 2022 y 2023, anulando la decisión de la institución académica de no aplicar esos incrementos.
El alto tribunal ratifica así la sentencia dictada previamente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en un conflicto colectivo promovido por el sindicato, que denunciaba un trato discriminatorio hacia estos colectivos frente al resto de empleados y empleadas públicas. El fallo declara que la negativa de la UVigo a abonar las subidas aprobadas en la normativa estatal fue “contraria a derecho, discriminatoria y, por tanto, nula”.
Según la resolución judicial, el personal afectado tiene derecho a ver incrementadas sus retribuciones en un 1,5% correspondiente a 2022 y en un 2,5% a las de 2023. Además, la sentencia sienta un precedente que garantiza que todas las subidas salariales aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado se apliquen de forma automática en el futuro, eliminando esta discriminación en el ámbito universitario. En conjunto, el incremento acumulado desde 2022 hasta 2024 alcanza el 9,8%, al que se sumarán el 2,5% previsto para 2025 y el 1,5% de 2026.
La CIG critica que la Universidade de Vigo haya prolongado el conflicto durante años al presentar un recurso de casación en 2023, pese a que el sindicato ya había ganado el litigio en la sala de lo Social del TSXG, lo que retrasó dos años la confirmación definitiva del fallo. No obstante, la propia universidad solicitó una aclaración que fue admitida, reconociendo que la subida sí se aplicó en su momento al PDI predoctoral en formación, por lo que este colectivo queda fuera del alcance práctico de la sentencia.
El conflicto no afectó únicamente a la UVigo. Ninguna de las tres universidades públicas gallegas aplicó inicialmente las subidas salariales a estos colectivos, lo que llevó a la CIG a presentar demandas contra la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la Universidade da Coruña (UDC) y la Universidade de Vigo. En el caso de la UDC, se alcanzó un acuerdo en septiembre de 2024 para efectuar los pagos sin necesidad de llegar a los tribunales. En cuanto a la USC, el sindicato está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie, después de que la CIG presentase un recurso de casación tras perder el caso en el TSXG.
