La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá la próxima semana dos juicios contra sendos acusados de delitos de agresión sexual a menores de edad, y que se enfrentan a 5 años y 4 años y cinco meses de prisión, respectivamente.
Así, este martes se sentará en el banquillo un hombre que, en septiembre del año pasado, supuestamente agredió sexualmente a una niña en el portal del edificio en el que ambos residían.
La Fiscalía pide para él 5 años de cárcel, así como la medida de libertad vigilada durante otros 5 años tras salir de prisión, con obligación de participar en programas formativos de educación sexual. Asimismo, reclama la pena de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por tiempo de siete años, y pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, durante diez años.
El ministerio público también solicita que se le prohíba acercarse o comunicarse con la menor durante 7 años y que la indemnice en 2.000 euros por los daños morales.
Por otra parte, el miércoles se celebrará juicio contra otro hombre, por otra supuesta agresión sexual a una menor, prevaliéndose de una relación de parentesco, al ser ascendiente directo de la víctima. En ese caso, los hechos ocurrieron en 2024, en el domicilio en el que ambos residían.
La Fiscalía pide una pena de 4 años y 5 meses de cárcel, y la prohibición de aproximarse a la menor o a su domicilio a menos de 300 metros durante 3 años, además de la prohibición de comunicarse con ella.
Igualmente, solicita la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda de hecho o acogimiento de menores por período de 5 años; pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por período superior en 6 años al de la pena de prisión que se pudiera establecer; y la medida de libertad vigilada por cinco años, con la obligación de someterse a programas de reeducación sexual.
Con respecto a la responsabilidad civil, el ministerio público pide que indemnice a la menor en 4.200 euros por los más de 100 días que requirió tratamiento psicológico y en otros 3.000 euros por daños morales.
