Languidece en la Avenida de Madrid la antigua estación de autobuses desde que se inauguró la nueva intermodal en Vialia. Aquella infraestructura en el barrio de la Doblada, que tan útil resultó durante tantos años a tantos vigueses que viajaron a tantos puntos de la geografía española desde su inauguración, en 1989 y tras la inversión de 800 millones de las antiguas pesetas, lleva mucho meses amenazando ruina… y conflictos.
Esa infraestructura funcional y no especialmente atractiva, propiedad de la Xunta de Galicia, ha ocupado mucho espacio en muchos periódicos. Primero, por todas las ideas que se pusieron sobre la mesa para su futuro. Después, por el abandono paulatino de esas mismas ideas y la toma del espacio por personas sin hogar que encontraron un refugio perfecto para protegerse del frío, la lluvia y el viento de las estaciones más duras.
Pero el viernes pasado un hombre falleció acuchillado presuntamente por su pareja, la cual fue detenida y enviada a prisión sin fianza. Y, lamentablemente, la antigua estación de autobuses vuelve a estar hoy de actualidad por este hecho luctuoso, pero también porque se ha convertido en el centro de una disputa política entre la Xunta, propietaria de la estación, y el Concello de Vigo, que cedió en su momento un suelo que quiere recuperar porque no cumple ya con la función que llevó en su momento al consistorio a cederlo al Gobierno regional.
¿Qué dice la Xunta?
Como suele suceder en estos casos, y la lista de ejemplos es densa y prolija, la culpa de lo sucedido es de una administración contraria a la que representa quien habla, aunque probablemente no lo sea de ninguna. No al menos completamente.
El caso es que la Xunta, por medio de su delegada en la ciudad, Ana Ortiz, ha dicho este martes que «trabaja para garantizar la seguridad en la estación de autobuses con el vallado de las instalaciones y teniendo en cuenta la situación de las personas que allí pernoctan». Y ha dicho, además, que esperan la actuación de los servicios sociales municipales para perimetrar el edificio.
Según Ana Ortiz, «la atención a las personas vulnerables es competencia exclusiva de los servicios sociales municipales por lo que es el concello el que debe atender las necesidades de estas personas y facilitarle una alternativa». Para Ortiz, lo sucedido es un nuevo ejemplo de cómo el Concello «no hace frente a las emergencias sociales y de inclusión en la ciudad».
Lamenta Ortiz que el alcalde haya ignorado todas las propuestas de la Xunta para ese espacio, que quiso convertir en un centro intergeneracional, en un centro de asociacionismo y hasta en un parque de bomberos, y «prefirió ver cómo se degradaba esa zona antes que permitir a la Xunta realizar una inversión para darle una nueva vida».
¿Qué dice el Concello?
El concello, por medio de su concejala de Urbanismo, María José Caride, ha recordado que la Xunta cuenta desde hace nueve meses con autorización para poder desarrollar las obras de cierre de la estación de autobuses situada en la avenida de Madrid, y que la única condición que puso el concello para hacerlas fue que el cierre fuese «practicable» para que los servicios de emergencia pudieses maniobrar en caso de urgencia.
«Vigo lleva nueve meses a la espera de que la Xunta actúe, y la Xunta lleva nueve meses de brazos cruzados, cuando tiene la autorización para hacer ese vallado», ha dicho Caride, la cual ha recordado que el Concello pidió hace ya diez meses a la Xunta que iníciase el proceso de reversión de esos terrenos ya que esa parcela no se usará más para el propósito que moitivó su cesión.
En cuanto a la presunta responsabilidad del Concello respecto a la atención de personas vulnerables, la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, ha querido recordar que «el sinhogarismo es una competencia de la Xunta de Galicia» y que esta es «una situación de carácter estructural y no una emergencia puntual», en cuyo caso sí podría hacerse cargo el Ayuntamiento.
Según Aguiar, «la Xunta sabe que está haciendo dejación de funciones» por lo que es lo suyo exigirle que «ejerza sus competencias» a través del IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo).
