Los sindicatos UGT, CIG y CCOO han trasladado este viernes su rechazo a la sentencia de la Audiencia de Pontevedra de julio pasado que condenó a 15 años de prisión a una trabajadora (ahora exempleada) de la concesionaria del bus urbano de Vigo, Patricia F.N., como coautora de dos incendios en sendos autobuses (su pareja también fue condenado, en ese caso a 22 años de cárcel), al considerar la pena desmedida y entender que fue una sentencia «ejemplarizante» y que quiere enviar un mensaje al movimiento sindical.
Así lo han trasladado en rueda de prensa los secretarios comarcales de las centrales. El responsable de UGT-Vigo, Ernesto Fontanes, ha advertido de que Patricia, delegada de este sindicato en la concesionaria, fue condenada simplemente por ser pareja del autor material de los incendios, y sin pruebas concluyentes en su contra. «Un fallo así no se le aplica ni a los terroristas, es una barbaridad», ha lamentado.
En ese sentido, Fontanes ha trasladado que la sentencia da la impresión de que «manda un mensaje al movimiento sindical: ‘quietos ahí, quietos todos'». «La sentencia no hay por donde cogerla (…) queremos que se le de la vuelta en el TSXG», ha explicado, tras recordar que el fallo está recurrido en apelación ante el alto tribunal gallego.
En la misma línea, la secretaria comarcal de CC.OO., Montse Carrera, ha recordado que el incendio de esos buses (en vísperas del 1 de mayo de 2023) se produjo en un contexto de conflicto laboral en Vitrasa y que la trabajadora tenía la «doble mochila» de tener que llevar a cabo su tarea como conductora y sus responsabilidad como representante de los trabajadores.
También ha afeado a la Audiencia que considere como prueba de cargo el hecho de que Patricia no intentase extinguir el fuego que afectó a su autobús, cuando «no todo el mundo actúa igual en una situación límite». «Hemos vivido accidentes laborales mortales y no vimos estas sentencias (…), nos vienen a decir ‘quietecitos, como os mováis vamos por aquí'», ha criticado.
«Justicia del embudo»
A ese respecto, el secretario comarcal de la CIG, Alberto Gonçalves, ha insistido en que esta sentencia pretende ser «ejemplarizante y disciplinaria», en una «estrategia deliberada para criminalizar el movimiento sindical», y ha calificado la resolución de «tremendamente injusta» por la «ausencia de pruebas».
El líder de la CIG en Vigo, que ha remarcado que cree en la inocencia de la extrabajadora, ha señalado también que los incidentes se produjeron en el marco de una huelga, en una «escalada de tensión» provocada por la «intransigencia de Vitrasa», con la «complicidad» del Ayuntamiento.
En todo caso, ha denunciado que se haya aplicado la «justicia del embudo», la que pone su parte ancha al servicio «de los de siempre».
Así, ha recordado los numerosos casos de abusos empresariales y los perjuicios que ocasionan a los trabajadores, sin que «nunca» se haya visto una condena, y menos de este calado. «Despidos masivos, contratos precarios,… esto sí que arruina vidas, y no se castiga con la misma contundencia», ha subrayado.
