El BNG ha insistido este lunes, tras la anulación de 227 pisos turísticos en Vigo por parte del Ministerio de Vivienda, en que las dificultades que una gran cantidad de vecinos encuentran en la ciudad para disfrutar de su derecho a una vivienda digna, es culpa del «absoluto descontrol y la política de barra libre» de la que gozan este tipo de viviendas y sus propietarios.
«La Xunta del Partido Popular y el Gobierno local de Abel Caballero aplican una política de barra libre que propició que en los últimos cinco años se añadiesen 2.000 viviendas de uso turístico en Vigo», ha dicho el portavoz de los nacionalistas, Xabier Pérez Igrexas, quien ha recordado que cuatro de cada diez viviendas de este tipo en Galicia están en la ciudad olívica.
Pérez Igrexas ha mostrado su perplejidad por el hecho de que la mitad de las viviendas de uso turístico que hay en la ciudad ni siquiera hayan solicitado su registro en el ministerio, una prueba, ha dicho, de lo extendida que está «la piratería» en esta actividad.
«Hay que poner fin a esta política de dejar hacer y mirar para otro lado que facilitó el avance de este fenómeno ultra especulativo que en Vigo es ya la más grave amenaza al derecho esencial a la vivienda», ha afirmado Pérez Igrexas, quien ha anunciado medidas por parte de su grupo.
Medidas
Paras empezar, el eBNG exigirá mañana en la Gerencia de Urbanismo que el Gobierno municipal «ejerza sus competencias» verificando con inspecciones que los 2.400 pisos turísticos en Vigo cumplen con la normativa en materia de accesibilidad y habitabilidad.
«Hay que meter en cintura de una vez a un sector que se está cebando con enormes beneficios a costa de impedir el acceso de la mayoría social que representan las clases populares y trabajadoras a un derecho básico fundamental como es el derecho a la vivienda», ha dicho el portavoz del Bloque.
Además, pedirán una relación completa de las declaraciones de actividad de todas las viviendas de uso turístico que se hayan registrado en el Concello, recordando que se trata de un requisito obligatorio.
Y reclamarán, por último, al Concello que informe a la Xunta de Galicia de aquellos pisos turísticos que no cumplen con las medidas legales para que se tomen medidas desde la administración autonómica, tal y como ya están haciendo otros ayuntamientos.