La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años, vecino de Arbo, como presunto autor de múltiples incendios forestales intencionados que han afectado a esta localidad pontevedresa y áreas colindantes desde 2022. La operación, liderada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en colaboración con la Unidad de Investigación de Agentes Ambientales (UIFO), pone fin a una serie de fuegos que han generado alarma en la comarca, llegando incluso a activar la Situación Operativa 2 por el riesgo para núcleos habitados.
Una investigación iniciada en 2022
La detención se enmarca en una investigación iniciada en 2022, cuando el SEPRONA y la UIFO comenzaron a rastrear el origen de varios incendios forestales registrados en la parroquia de Mourentán, en Arbo, así como en parroquias limítrofes y el municipio vecino de A Cañiza. Estos fuegos, que calcinaron zonas de monte arbolado y matorral, pusieron en riesgo áreas residenciales, lo que llevó a decretar la Situación Operativa 2 en uno de los episodios más graves debido a la cercanía de las llamas a viviendas.
El caso más reciente tuvo lugar la noche del 25 de mayo de este mismo año, cuando un nuevo incendio se desató en una zona boscosa de Arbo. La rápida intervención de los servicios de extinción del Distrito Forestal XVII logró controlar las llamas, evitando que se propagaran hacia núcleos habitados y limitando los daños en un entorno natural ya afectado por la ola de incendios que asola Galicia. Este último suceso fue clave para consolidar las pruebas contra el sospechoso.
Evidencias de intencionalidad y detención
Las pesquisas conjuntas del SEPRONA y la UIFO determinaron que el incendio de mayo, al igual que los anteriores, fue provocado de forma intencionada. Los agentes analizaron patrones en los focos, restos de materiales inflamables y testimonios locales, lo que permitió identificar al hombre de 47 años como el presunto responsable. La Guardia Civil procedió a su detención en Arbo, y esta mañana del 26 de agosto, el sospechoso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponteareas, donde se decidirá su situación procesal.
La investigación sigue abierta, y las autoridades no descartan nuevas diligencias para esclarecer si el detenido está vinculado a otros incendios en la zona. Según datos de la Consellería do Medio Rural, Galicia ha registrado más de 88.000 hectáreas quemadas en lo que va de verano, con numerosos casos de fuegos intencionados que agravan la crisis forestal. La identificación de responsables, como en este caso, es un paso crucial para frenar esta amenaza.
El impacto de los incendios en Arbo y su entorno
Arbo, un municipio de la comarca de A Paradanta conocido por su riqueza natural y su producción vinícola, ha sido escenario de varios incendios en los últimos años, muchos de ellos con indicios de intencionalidad. La parroquia de Mourentán, rodeada de monte bajo y áreas arboladas, es especialmente vulnerable debido a su vegetación densa y a las condiciones de sequía de este verano. La proximidad de los fuegos a núcleos habitados, como ocurrió en el episodio que activó la Situación 2, generó temor entre los vecinos, que han visto amenazados sus hogares y medios de vida.
La rápida actuación de los servicios de extinción, apoyados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los casos más graves, ha sido esencial para evitar tragedias mayores. Sin embargo, la reiteración de incendios en la zona ha avivado el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y vigilancia, así como las sanciones contra los responsables de fuegos provocados.
La operación del SEPRONA y la UIFO refleja el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección del patrimonio natural gallego, en un contexto de creciente preocupación por los incendios forestales. La colaboración entre agentes ambientales, bomberos, brigadas forestales y la UME ha permitido avances significativos, como la extinción del incendio de Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (72,17 hectáreas) en Pontevedra, pero la magnitud de los fuegos activos en Ourense y Lugo, como el de Larouco-Seadur (30.000 hectáreas), subraya la urgencia de actuar.
