El BNG ha lamentado este viernes la «opacidad» con la que se está llevando a cabo, a su juicio, la negociación del nuevo contrato con Ribera Povisa para la asistencia sanitaria del Área de Vigo que, según denuncian, funciona a «dos velocidades».
Así lo han señalado la portavoz de sanidad del Bloque en el Parlamento de Galicia, Montse Prado, y el portavoz nacionalista en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, tras reunirse este viernes con representantes del personal del hospital privado vigués.
Ha sido Igrexas el que ha apuntado a la «opacidad, que no es nueva en la gestión del PP» ni tampoco en la «relación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con Povisa», según ha dicho, reclamando elementos de fiscalización «efectiva» para conocer el «coste real» de la prestación sanitaria de dicho hospital.
Pérez Igrexas ha insistido en que el nuevo contrato incrementará en cerca de un 16% la cuantía anual que el Sergas aporta a Povisa (hasta cerca de 97,5 millones), «sin que tenga una repercusión clara en la asistencia sanitaria». Por ello, ha solicitado que no haya «dos velocidades» y que se apliquen los mismos ratios de personal/paciente que en la red pública.
En la misma línea ha hablado Prado, que ha dicho que el concierto con Povisa ya se debería haber renovado en agosto de 2024 y que ahora «lunes a lunes» el Sergas concede prórrogas, esperando que se ponga fin a esta situación.
Ella ha reivindicado la necesidad de que la Xunta absorba el centro privado para lo público, tras ser declarado de interés público para mantener la asistencia sanitaria. Esto permitiría también subrogar a los trabajadores e igualar las prestaciones que se realizan en los hospitales del Sergas.
Otra opción, según ha dicho, sería dotar al Sergas de las infraestructuras necesarias para poder absorber a los pacientes en instalaciones propias, urgiendo a la Xunta que «deje de engordar los resultados» de una empresa privada.
Prado ha trasladado su «máxima preocupación» por el contrato que se está negociando, al desconocerse las condiciones del mismo, instando a homogeneizar las condiciones de los empleados.
Todo ello después de que a finales de año el Gobierno gallego autorizase lanzar el contrato con Povisa por casi 195 millones de euros y una vigencia inicial de dos años. Con todo, el contrato sufrió un cambio importante: pasa de ser un concierto a un contrato de servicios, por lo que debía salir a licitación y que la empresa se presentase al proceso.
Hace dos semanas, el Gobierno gallego ya amplió el plazo hasta el pasado lunes tras pedir el centro privado explicaciones sobre ciertas dudas de interpretación de la documentación. El lunes 10, cuando acababa el nuevo plazo, volvió a extenderse una semana más hasta el 17. Este lunes, volvió a ampliarse una semana más.
