Los propietarios del edificio ubicado en el número 36 de la calle Santa Marta, que hace más de un mes firmaron un acuerdo con la promotora de Barrio do Cura para abandonar el inmueble, no están completamente de acuerdo con el, valga la redundancia, «mutuo acuerdo» alcanzado entre las partes que este martes se trató en la Gerencia Municipal de Urbanismo y por el que se da el visto bueno «definitivo» al proceso expropiatorio.
En su lugar, y tras la demolición del mismo, se levantará una nueva zona verde y será el punto donde rematará el viario, en forma de glorieta, que dará acceso a la ‘macro’ urbanización residencial que ya está en plenas obras en el centro histórico de la ciudad.
Y es que como apunta, Gabino Alonso, hijo de Luisa Hernández, una de las propietarios más longevas que todavía reside en el tercer piso del edificio, se trata de un «acuerdo forzoso», matiza. «El Ayuntamiento nos echaba sí o sí de todas las maneras», explica este hombre que, a nivel personal, tiene un gran pesar por la «expropiación forzosa» en la que se han visto envueltos y, sobre todo, su madre con 95 años recién cumplidos el pasado mes de octubre, y llevando en su casa más de 70 años. «Es su vida, sus recuerdos, sus vistas, su casa…» lamenta Gabino.
En su caso, y como el resto de los nueve titulares de las viviendas del edificio, no les quedaba mayor opción que firmar el acuerdo alcanzado con la promotora de Barrio do Cura porque, si no lo hacían, «te ibas a la calle», señala.
«Es un acuerdo por narices», insiste para señalar a continuación que tuvieron que «pelear mucho» para conseguir un justiprecio porque la expropiación «no la paraba nadie», considera.
Además, no querían seguir gastando importantes cantidades de dinero en juicios, abogados, pleitos y recursos, recordando aquí el que le ganaron el pasado año al Concello de Vigo y que, finalmente, fue tumbado por el TSXG. «Que quede muy claro en que es un acuerdo forzoso porque si no tendríamos que ir al juzgado, pagar abogados, esperar a juicio y luego si el Concello recurre», relata para describir el pesar que están pasando en estos momentos y que llevan viviendo desde hace años.
Con todo, para Gabino esto va «más allá del dinero» porque su mayor interés es que su madre nonagenaria «viva y muera tranquila». «Está sufriendo porque en 15 días la ponen en la calle de su casa en la que lleva viviendo 70, y no es para hacer un hospital para el bien de la ciudad. Es para un fondo buitre», resalta visiblemente enfadado con la situación que ahora mismo les toca lidiar.
«Lo que me duele no es que nos echen, lo que me duele a nivel personal es ver el sufrimiento de una persona de 95 años que la ponen en la calle. Lo que quiero es que esté tranquila y viva las cuatro cosas que la vida le pueda aportar todavía», dice. Y recuerda también a Pilar Araújo, la otra vecina nonagenaria que ya murió hace unos meses cumpliendo así su deseo de «morir en su casa, como le habría gustado a mi madre», clama.
«En febrero no vamos a dejar la vivienda»
Con todo, el plazo máximo que les han trasladado para abandonar el inmueble es el 12 de febrero. Sin embargo, en el acuerdo que se trató en la Gerencia de Urbanismo de este martes se marcaban los próximos días 25 y 26 de febrero como las fechas en las que se cita a las personas interesadas titulares de los bienes y derechos en el expediente para proceder al pago del justiprecio y a la ocupación de los inmuebles.
Sin embargo, a la familia de Gabino Alonso todavía no les ha llegado la notificación siendo conocedores, simplemente, del plazo que le han dado a su representante legal para que los propietarios desalojen el edificio. «Nos habían dicho el 12 de marzo y, ahora, a mediados de febrero», indica.
Aún así, ya avisa de que «en febrero no vamos a dejar la vivienda». Y es que todo el proceso que implica organizar una mudanza y abandonar 70 años de vida lleva su tiempo. «Igual el 1 ó 2 de marzo», apunta Gabino, quien detalla que tiene por delante unos largos preparativos para llevar a su madre a vivir a su casa.
Con 95 años, dependiente y viviendo en un tercero sin ascensor, la tarea no resulta fácil además de que necesita ayuda y un traslado en ambulancia, cuestiones que ni desde el Concello ni desde la promotora han tenido en consideración para llevarlo a cabo.
Y en este punto pone el foco en lo difícil que resulta desalojar a personas que ‘okupan’ pisos mientras que en el caso de unos ciudadanos «que pagamos nuestros impuestos, lo quieren hacer deprisa, corriendo y de malas maneras», señala.
En este caso, especifica que todavía hay algunos vecinos que no disponen de piso de alquiler para poder mudarse mientras los plazos marcados se les vienen encima. «Es una chapuza», resume para insistir en que «no nos vamos a ir en febrero. Como si viene la Guardia Civil», dice.
Oferta «ridícula» y realojo
En cuanto a la oferta y acuerdo alcanzado con la promotora, Gabino informa que han llevado a cabo dos tasaciones de sus viviendas y que el caso es particular para cada uno de los nueve pisos.
En una primera tasación, el valor global de los inmuebles estaba valorado en algo más de 1,2 millones de euros. Tras la «pelea» que llevaron a cabo con los abogados de Gestilar, consiguieron ‘arañar’ algo más así como realojos en pisos de alquiler mientras duren las obras al mismo tiempo que en las viviendas de protección oficial que se prevén en el ámbito de Barrio do Cura. Incluso algunos consiguieron «arrancarles» una opción de compra para esos futuros pisos.
Sin embargo, sería para «dentro de 3 ó 4 años», cuando se prevé tener esos inmuebles rematados. Y en este sentido, en el caso de Luisa Hernández, es algo que difícilmente puede considerar su familia a día de hoy. «¿Mi madre con 99 años va a volver al Casco Vello?», se cuestiona Gabino.
«El Concello ofrecía una oferta ridícula», rememora para, matizar, también, que las negociaciones se llevaron a cabo, siempre, con la entidad promotora del ámbito de urbanización que planteó la propuesta de realojos y alquiler pero siendo cada uno de los particulares quien tendría que buscarse la alternativa residencial
Edificio catalogado
Por último, Gabino pone el foco también en el hecho de que el inmueble ubicado en el número 36 de la calle Santa Marta estaba catalogado. Y es que se trata de un edificio con 80 años de antigüedad bajo la firma del arquitecto Antonio de Cominges.
El encargo se remonta a 1939, solo 20 días después de finalizar la Guerra Civil. El inmueble fue catalogado en su día como patrimonio histórico e, incluso, como apunta Gabino, recibió ayudas para su rehabilitación por estar dentro del ámbito de Casco Vello.
Sin embargo, esto cambió. «Es el único caso en España que le han retirado la catalogación de edificio a conservar porque si no, no podían tirarlo», explica, añadiendo que en situación similar se encuentra, ahora, el callejón de Santa Marta, que sí está protegido como elemento patrimonial. «Ahora se van a cargar la mitad para hacer la entrada al párking», resume Gabino.
