Toralla es una de las ocho islas privadas que existen en España. De ellas, cinco están en el Mediterráneo y otras dos en las islas Canarias y la isla viguesa es la única de su condición en todo el noroeste peninsular.
La idiosincrasia de Toralla no es, obviamente, nada nuevo para los vigueses, pero sí para muchos ciudadanos españoles que, esta semana, han sabido de su existencia a través del artículo publicado por Newtral sobre «Especial Islas S.A. | Así son los dueños de las islas privadas de España» y por la emisión, este martes, en La Sexta Clave del reportaje «Desde Ibiza hasta Vigo: las ocho islas privadas de España en manos de millonarios nacionales e internacionales«.
Ambas informaciones se detienen en el incumplimiento de la Ley de Costas de la isla viguesa –que erróneamente rebautizan en algunos gráficos como Torolla– , y en ellas se citan expresamente las protestas de las últimas semanas encabezadas por asociaciones de vecinos y colectivos ecologistas.
«Aunque las islas analizadas son privadas, todas ellas están limitadas por la Ley de Costas. Por tanto, ninguna isla es completamente privada. Lo que afirma la ley estatal es que los primeros 100 metros de costa -se puede extender hasta los 200 metros en algunos casos- son públicos», indica el artículo de Newtral, en el que se recuerda que la normativa, pro tanto, permite que cualquier persona pueda caminar libremente por estos espacios. Algo que, remarcan, no se cumple en Toralla.
«Algunos de los propietarios de estas islas –cuya titularidad ostentan, normalmente, a través de sociedades anónimas– poseen casas o mansiones que infringen, a día de hoy, la ley de costas«, añade.
En un apartado en el que se detienen específicamente en la problemática suscitada en torno a la isla viguesa, Toralla, la isla privada por cuyos accesos públicos luchan asociaciones de vecinos y ecologistas de Vigo, el artículo cita al presidente de la asociación de vecinos de San Miguel de Oia, Ángel Goberna, quien remarca que «solo tenemos acceso, a través del puente, a la playa» –por una sentencia judicial del Tribunal Supremo de 1997–, es decir, a los dos arenales que hay a los lados del puente, pero no a la zona perimetral de servidumbre de paso porque las construcciones están «pegadas al mar». Algo con lo que coincide Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia: «La Ley de Costas establece el acceso libre, público y gratuito a la ribera del mar a pie, pero en Toralla solo se permite a la playa».
El artículo también hace referencia a cuáles son algunos de los rostros detrás de Toralla S.A., que preside César Real Rodríguez, exconsejero de Pescanova, y entre cuyos consejeros, entre otros, figuran otro exconsejero de la misma empresa, César Mata Moretón, o Antonio Álvarez Ossorio Costa, expresidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Pontevedra. En el artículo también se indica que en la exclusiva isla están a la venta, actualmente, siete chalets por precios que oscilan entre los 1,75 y los 2,2 millones de euros, recogiendo los datos de Idealista.
No aparecen citados en el texto ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni tampoco la sociedad Toralla S.A, aunque desde Newtral sí se especifica que se han puesto en contacto con ambos. En el caso del primero, para saber cuánto dura la concesión y en el caso del segundo cuál es su opinión al respecto de la posible habilitación de la servidumbre de tránsito en Toralla o las reivindicaciones que en las últimas semanas están llevando acabo asociaciones y colectivos.
A pesar de la ley de costas, «existen casos como el de la isla Toralla en Vigo, donde una urbanización de lujo infringe la normativa de costas, restringiendo el acceso a solo 159 residentes», abunda el reportaje emitido este martes en La Sexta Clave.
