La asociación vecinal de Coruxo, la asociación vecinal de San Miguel de Oia, la Plataforma por la Defensa de la ría Vigo-Cíes, Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción y Greenpeace organizaron una nueva acción ante la isla de Toralla para reclamar la entrada libre y la senda peatonal litoral aprobada en 2008.
La acción consistió en el despliegue de una pancarta gigante con el lema de «Únete a la reconquista de Toralla» en la playa de O Vao a un lado del estribo del puente de acceso a Toralla. El objetivo de esta nueva acción es concienciar a la ciudadanía de Vigo de la relevancia de recuperar el espacio público de la isla de Toralla para uso y disfrute de todas y todos los vigueses.
Además se anunciaron las distintas iniciativas municipales y parlamentarias promovidas y llevadas a cabo por el BNG y Sumar Galicia para alcanzar el acceso libre la esta isla «usurpada» a las viguesas y vigueses.
Tanto Sumar como el BNG presentaron sendas PNLs (Propuestas No de Ley) en el Congreso y el BNG, además, presentará una iniciativa en la comisión de urbanismo del Concello de Vigo y una moción en el Parlamento gallego.
Las organizaciones convocantes hicieron un llamamiento al gobierno municipal de Vigo para que emprenda acciones legales para recuperar Toralla. Recuerdan que en 2088 la concejala Elena Espinosa, de aquella ministra de Medio Ambiente, intentó infructuosamente la realización de una senda peatonal alrededor de la isla. Por eso, le piden que no se dé por vencida y que relance el proyecto desde el Concello de Vigo.
«Pedimos al gobierno de la ciudad que emprenda acciones legales para recuperar Toralla y también solicitamos a la Xunta de Galicia que nos aclare si la nueva Ley 4/2023 de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia va a ser útil para esto o solo para construir hoteles privados en la costa y eternizar ciertas ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre», indicaron desde las organizaciones convocantes.
La legislación vigente recoge que cualquier persona puede llegar hasta la ribera del mar a pie. Pero la realidad es que a los visitantes solo se les permite acceder a los arenales situados a ambos lados del puente.
La norma contempla restricciones a las fincas limítrofes con el dominio público marítimo-terrestre para garantizar el libre paso de los ciudadanos y vehículos de vigilancia y salvamento.
Además de la zona que pertenece al dominio público, la legislación señala que el terreno inmediato a la ribera del mar que no es parte de dominio público también está afectado por una serie de servidumbres.
Se establecen deberes respeto a las servidumbres de protección, cuya función es proporcionar protección a la costa y que en general recae sobre una franja de 100 metros medida tierra dentro desde lo límite interior de la ribera del mar.
Una extensión que puede ser ampliada en determinados casos hasta los 200 metros y se reduce a 20 metros nos terrenos ya clasificados cómo urbanos.
Con la modificación realizada en 2013 de la ley, la servidumbre de protección pasa a ser de manera general de 20 metros.
La servidumbre de tránsito no se cumple en la isla de Toralla, insisten los colectivos. Tampoco la servidumbre de acceso al mar que se establece en varios puntos a lo largo de la costa para garantizar el acceso público y gratuitamente al mar. Su tamaño debe garantizar su función, y no se permite interrumpir el acceso al mar si no existe un acceso alternativo con la misma eficacia, recuerdan.
Por todo ello, las organizaciones convocantes recuerdan que existen varios pronunciamientos por parte de la Justicia sobre el cierre de la isla de Toralla.
En octubre de 1997, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso presentado por los residentes particulares de la isla que pedían la exclusividad del uso y disfrute del puente y sus playas. Entonces quedó claro que el puente era para uso público de todo el mundo.
La sentencia dejaba claro que en base a la Ley de Costas los propietarios deberían ceder para dominio público seis metros de terreno a partir de la máxima pleamar inscrita. «En definitiva, estamos ante un largo problema de incumplimiento legal en relación a dominio público marítimo-terrestre al que debe ponérsele fin. Es un espacio público pero que en la práctica se utiliza como reserva privada de forma ilegal», concluyen.
