La Xunta de Galicia, a través de la empresa pública Sogama, ha adjudicado por más de 1,4 millones de euros las obras de mejora y adaptación de la planta de transferencia de residuos de Vigo, localizada en Guixar, para que pueda recibir la fracción orgánica recogida de forma diferenciada mediante el contenedor marrón.
Para tal fin, los trabajos adjudicados prevén la construcción de una tolva para la transferencia de los llamados biorresiduos, así como el relevo de la envolvente del conjunto. En este caso, se sustituirán todas las chapas del cerramiento de la nave con el fin de aumentar el nivel de aislamiento acústico derivado de la propia actividad de la instalación, con la particularidad de que también se actualizará el diseño para una mejor integración en el entorno.
Una vez concluida la obra, la instalación pasará a formar parte de la red pública de infraestructuras para la valorización de la materia orgánica que fue diseñada por la Xunta de Galicia y ejecutada por Sogama.
En este sentido, el objetivo de esta iniciativa es ayudar a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias en materia de residuos, a cumplir la legislación vigente y facilitar así la conversión de los biorresiduos de origen doméstico en compost, un abono natural de alta calidad que podrá ser utilizado en el ámbito de la agricultura y de la jardinería.
En concreto, la de Vigo será una de las 13 plantas de transferencia integradas en esta red (junto con las de A Lama, Arbo, Cee, Curtis, Lugo, Narón, Ponteceso, Riotorto, Silleda, San Cibrao das Viñas, O Porriño y A Rúa) que servirán de apoyo a las 4 infraestructuras de biorresiduos provinciales (localizadas en Cervo, en el caso de Lugo; Cerceda, en A Coruña; Verín, en Ourense; y Vilanova de Arousa, en Pontevedra).
Una vez renovadas, las instalaciones de Guixar contarán con capacidad para trasvasar 10.480 toneladas anuales de materia orgánica recogida de forma diferenciada en la ciudad mediante un contenedor marrón para ser transportada posteriormente a la planta de biorresiduos más próxima, donde recibirá tratamiento.
El plazo para la ejecución de los trabajos será de un máximo de 28 semanas (7 meses) y de un mínimo de 24 (medio año), contadas a partir de la fecha de la firma del acta de inicio de obras.
Tomando como referencia el principio de proximidad, el objetivo de la red de infraestructuras para la gestión y tratamiento de la fracción orgánica de la basura doméstica es propiciar que la práctica totalidad de los 295 ayuntamientos adheridos a Sogama –que aglutinan a más de 2,2 millones de habitantes– dispongan de una planta de biorresiduos o de transferencia a menos de 50 km de distancia, permitiéndoles de esta forma ahorrar costes, tanto ambientales como económicos.
A través de un comunicado, la Xunta ha recordado que Sogama destinó a la puesta en marcha de esta red autonómica un total de 45 millones de euros, de los cuales 30 millones procedieron de los Fondos FEDER REACT IU como respuesta de la Unión Europea a la crisis del COVID-19.
Críticas del PSOE a la «subida brutal» del canon
Por otra parte, los 61 ayuntamientos de la provincia y la Diputación provincial tendrán que debatir una moción del PSdeG-PSOE para solicitar la paralización inmediata del “sablazo” de Sogama e instar la Xunta a comenzar a apostar, con inversiones y actuaciones reales, por modelos alternativos de gestión de los residuos, más enfocados al reciclaje y a la economía circular.
El secretario general provincial socialista, David Regades, ha anunciado este lunes que la moción que se registrará los próximos días es un acto de “defensa ciudadana” contra la subida unilateral de un 64% con la que Sogama pretende que el canon que cobra a los ayuntamientos por la incineración de la basura pase de 66 euros a 108 euros/tonelada a partir de 2025.
Una subida que se acumula a la ya realizada el pasado mes de julio cuando se eliminó la bonificación del 15% acordada con la FEGAMP para los ayuntamientos que instalaron el contenedor marrón de residuos orgánicos.
A través de una nota, Regades ha remarcado que a los ayuntamientos no les va a quedar otra que trasladar el impacto al recibo municipal de la basura a partir de enero del próximo año.
La única explicación que ofrece la Xunta, ha reprochado, es la entrada en vigor de un impuesto ambiental que graba las formas menos sostenibles de tratamiento de la basura, obviando siempre que responde a una Directiva europea de 2018, de obligado cumplimiento por tanto en toda la Unión Europea, y que, además, la recaudación del gravamen le corresponde a la propia Xunta.
La moción reclama, entre otras cosas, el mantenimiento del canon de 66 euros por tonelada con la actualización solo del IPC anual, mantener la bonificación del 15% para los ayuntamientos con selección de orgánicos y que se abra una negociación franca con la FEGAMP en lugar de imponer, que es lo que hace el Gobierno gallego por la puerta de atrás intentando “colar” esta subida brutal.
David Regades indicó que es necesario que todos los alcaldes y alcaldesas del PP y el presidente de la Diputación “se retraten” dejando muy claro, con su votación, a quién defienden y la que intereses obedecen.
Además, indicó que ninguna Administración “medianamente eficiente y responsable” sube de golpe el coste de un servicio público un 64%.
El secretario general socialista considera “hipócrita” que Sogama diga que los ayuntamientos no están obligados a repercutir el coste al vecindario, cuando la tasa municipal de recogida y tratamiento de basura debe, por ley, repercutir los costes reales del servicio.
“Los ayuntamientos no pueden seguir absorbiendo los excesos de la Xunta, las gravosas competencias impropias y una financiación autonómica congelada desde hace 15 años”.
“Si la Xunta quería fulminar las economías municipales con esto da el golpe definitivo”. El secretario general provincial insta también a los 229 concejales y concejalas socialistas de la provincia a hacer un esfuerzo de divulgación entre la ciudadanía de los efectos de esta subida del 64% nos cuestes del tratamiento de la basura “porque cuando la gente vea la subida en el recibo municipal, a partir de enero de 2025, la primera reacción será echarle la culpa a su ayuntamiento; una baza cobarde con la que la Xunta de Galicia siempre juega, sabiendo que buena parte de la fiscalidad autonómica ve oculta en los recibos municipales”.
