La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, juzga el próximo martes 2 julio a dos personas para los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel acusadas de ofertar pisos en alquiler y cobrar fianzas sin permiso de los propietarios.
Según se recoge en el escrito fiscal, los acusados, «puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico», anunciaron en la plataforma Idealista el alquiler de un piso situado en Vigo, gestionado por una empresa y sin que conste que tuvieran autorización del propietario del inmueble.
A raíz de este anuncio, una pareja se interesó por el alquiler el 22 de febrero de 2023 y ese mismo día formalizaron con los ahora acusados un contrato de reserva del piso por el que pagaron 700 euros más otros 300 de gastos de gestión inmobiliaria.
Una vez realizada la reserva de piso, les comunicaron que los actuales inquilinos dejarían la vivienda en un plazo de 15 días y que a finales de marzo les entregaría la llave para que pudiesen entrar a vivir. Sin embargo, después de recibir la transferencia les trasladaron que no podían ocupar el domicilio porque «se lo quedaba el cuñado del propietario para venderlo», puesto que, expone el Ministerio Fiscal, tenía «muchos problemas de fugas y humedades».
En ese momento, la pareja pide la devolución del total de 1.050 euros abonados en concepto de reserva, de los que les llegan 350 euros y sin que les reintegren el resto.
Además, empleando el mismo modus operandi, las dos personas que ahora se sientan en el banquillo formalizaron un contrato de alquiler de otro piso el 23 de marzo de ese mismo año por el que se pagó una transferencia en concepto de reserva por importe de 1.162 euros.
En este caso, la persona que alquiló el inmueble recibió un mensaje de uno de los acusados el 27 de abril informándole de que la propietaria de la vivienda finalmente no alquilaría el inmueble «por problemas de salud de su madre». Así, al exigirle que le devolvieran la cantidad abonada, no obtuvo respuesta.
Por estos hechos, que Fiscalía considera constitutivos de un delito continuado de estafa, solicita imponer a cada uno de los acusados la pena de cuatro años de prisión.
