Los sindicatos CIG, CC.OO., y USO han anunciado la convocatoria de huelga indefinida y un calendario de movilizaciones, en la temporada de verano, del servicio de transporte sanitario urgente de Vigo, Cangas y Moaña, y ha advertido de que el paro podría provocar un «completo colapso» del servicio urgente de ambulancias. Han llegado a esta decisión, advierten, después de que los responsables del 061 y la Xunta hayan «roto su compromiso».
En un comunicado, las organizaciones sindicales han lamentado que, según les ha explicado la Xunta, Ambulancias do Atlántico (anterior concesionaria) no puede hacer frente al pago del finiquito de los 103 trabajadores y tampoco al abono de las deudas por nóminas mal calculadas durante los primeros meses de este año.
Además, la nueva concesionaria, Emersan Saluser, se ha negado a abonar, según señalan los sindicados, la denominada paga de regularización de convenio colectivo, «pese a que la compañía recibirá la cantidad íntegra del Servizo Galego de Saúde (Sergas) este mismo mes de junio», lo que supondría unos 1.725 euros por empleado.
CIG, CC.OO. y USO han criticado que ahora los responsables del 061 y de la Consellería de Sanidade hayan «roto su compromiso«, asegurando que el Gobierno gallego no intervino ni intervendrá a Ambulancias del Atlántico, sino que como mucho intervendrá el servicio, «aunque a día de hoy eso no se produjo».
«Además, insistieron en que no actuarán contra las empresas hasta que no se demuestre un incumplimiento reiterado de la legislación laboral que pueda ser demostrado mediante sentencias firmes», han añadido los representantes de los trabajadores.
Por todo ello, los sindicatos han decidido convocar una huelga indefinida este verano, que será comunicada este miércoles a la compañía y a finales de semana a la Xunta. Así, fuentes sindicales consultadas por Europa Press, prevén que no pueda iniciarse hasta la semana del 8 de julio, debido a la necesidad de cumplir los plazos legales. La propuesta fue votada por unanimidad este lunes en una asamblea de los trabajadores, que también han dado el visto bueno a movilizaciones.
«El hecho de que la huelga coincida con la campaña de verano en la que el servicio del 061 se encuentra ya de por sí desbordado por el aumento de población visitante en Galicia y por la falta de refuerzo de las ambulancias, podría provocar un completo colapso del servicio», han remarcado los sindicatos en su comunicado.
A día de hoy, añaden, «la situación que se puede dar por el cambio de empresa es que cuando alguien se vaya de vacaciones se le descuente medio mes de salario y aún se le deba el finiquito de la empresa anterior, los atrasos y la paga de regularización». «Se nos debe dinero y se nos descuenta aún más por un derecho fundamental», denuncian.
Esta situación ocurre después de que en mayo la Xunta adjudicase a la UTE Emergencias Sanitarias Saluser el contrato para la prestación del servicio durante seis meses a partir del 1 de junio. El cambio en la empresa concesionaria propició, recuerdan los sindicatos, una «cierta estabilidad» en la prestación del servicio de urgencias sanitarias.
Ello debido al conflicto vivido con la anterior concesionaria, denunciando los sindicatos retrasos en los pagos, falta de liquidez para el repostaje de los vehículos y otras carencias, que provocó movilizaciones y que la Xunta tomase cartas en el asunto.
No obstante, añaden, ahora los trabajadores se enfrentan a un nuevo problema, como es el impago del finiquito que se les adeuda a 103 empleados y las deudas por las nóminas mal calculadas. La nueva empresa también les adeuda la llamada paga de regularización del convenio colectivo, que asciende a unos 1.725 euros.
Según han lamentado los trabajadores, en relación a sus demandas la respuesta que les han dado es que se estudiará la posibilidad de realizar «un reequilibrio económico» aumentando la partida presupuestaria a la actual empresa concesionaria para que abone las deudas de la anterior.
Además, la empresa pública Tragsa ha comenzado este martes su trabajo, que finalmente no consistirá en la intervención de la empresa Ambulancias del Atlántico, subrayan los sindicatos, sino que «se limitará a un punto de atención al personal trabajador que tenga dudas con las cantidades que se le deben». Dicho punto de atención, añaden, estará situado en las dependencias del hospital Nicolás Peña de Vigo en horario de mañana y la previsión es que se mantenga durante seis meses.
Por ello, tanto CIG como CC.OO. y USO han censurado que en este conflicto laboral «está cobrando todo el mundo menos quien tiene que cobrar»: «Ambulancias del Atlántico no paga, Saluser-Emersan cobra un importante incremento de la licitación por anticipado y Tragsa obtiene un contrato de seis meses», concluyeron.
Respuesta de la Xunta
Por su parte, la Consellería de Sanidade ha trasladado que trabaja «para garantizar la prestación del servicio de transporte sanitario urgente en el área de Vigo» con «eficiencia, eficacia y calidad» y también para «cumplir con todo lo acordado con los trabajadores: el cobro de las nóminas, incluida la nómica a 31 de mayo».
Asimismo, ha defendido que «la Xunta intervino el servicio» y, el pasado 29 de mayo, adjudicó a la UTE Emergencias Sanitarias Saluser 2024 el contrato para la prestación del servicio, que entró en vigor el 1 de junio.
«Además, se están realizando reuniones entre la intervención y los trabajdores con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre otros aspectos económicos», han añadido fuentes de Sanidade, que ha reiterado su compromiso de mantener la prestación de este servicio esencial.
