El inspector de la Capitanía Marítima de Vigo declaró que el pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ «cumplía íntegramente» con las medidas de navegabilidad y seguridad legalmente exigibles y no constató ninguna deficiencia en el buque.
Así lo habría dicho ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 el pasado viernes, día 9 de febrero, según recogen en un comunicado los letrados de la defensa del Grupo Nores Marín, la armadora del barco.
En la inspección, que habría durado más de 15 días y se habría realizado días antes de la última marea del Pitanxo, el inspector indicó que el buque no había sido objeto de ninguna reforma o modificación que no estuviese contemplada en los planos y documentación oficial.
Además, en la misma se firmó un reconocimiento del equipo existente a bordo, incluyendo hasta 24 chalecos y 24 trajes, número que se corresponde con el que consta en el plano de salvamento del buque y con el número de tripulantes que iban en el momento de su naufragio. Asimismo, el inspector aseguró que estos equipos estaban homologados y en buen estado.
El hombre también habría dicho, según los abogados de Grupo Nores, que le consta que personal de seguridad de la Capitanía Marítima asistieron en varias ocasiones a simulacro de emergencia a abordo del Pitanxo.
Tras leérsele la declaración de uno de los sobrevivientes, Samuel Kwesi, en la que decía que no existía un documento que se llama Cuadro Orgánico en el cual se explica qué hacer en caso de emergencia, el profesional respondió que sí había diversos ejemplares en varias zonas del buque, y en ellos se contemplaba cómo debería actuar cada tripulante en caso de emergencia y la función que se le asignaba.
Por último, también habría confirmado que paralelamente a su inspección, el barco fue inspeccionado por la sociedad de clasificación Buerau Veritas, que sin ser obligatorio, fue requerido por la empresa armadora añadiendo un plus de seguridad.
Suceso
El pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ naufragó a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, cumpliéndose ahora dos años, y acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo. A partir de ahí, las familias de los fallecidos han iniciado una serie de acciones para tratar de esclarecer los hechos, por lo que siempre han pedido que se bajase al pecio para encontrar pruebas de lo que pudo haber ocurrido.
Durante la instrucción, el juez ha tomado declaración al patrón del pesquero, Juan Padín –en calidad de imputado–, a su sobrino Eduardo Rial y al marinero Samuel Kwesi, como testigos, al ser los únicos supervivientes del naufragio. También han acudido ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga lo ocurrido, directivos de la armadora Grupo Nores, así como antiguos marineros del barco, entre otros.
La investigación judicial se debe a que Samuel Kwesi ofreció una versión que contradice la expuesta por Padín y Rial, y que apuntaría a posibles negligencias por parte de éstos que habrían desencadenado en la tragedia.
Tras tomarles declaración, el magistrado prohibió salir de España al patrón del pesquero, le retiró el pasaporte y le impuso la medida cautelar de comparecer cada quince días en sede judicial y permanecer localizado.
