La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal por la ejecución de un vial para la construcción de una urbanización de chalés en la zona litoral de Cabo Estai en Vigo, tras denuncias vecinales presentadas ante el Seprona de la Guardia Civil.
Según ha podido saber Europa Press, hay varias personas que estarían bajo el foco en esta actuación, entre ellos varios miembros de una misma familia propietarios de la parcela donde se va a urbanizar. Se da la circunstancia de que uno de esos propietarios es funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo.
También se investiga la implicación de otro técnico municipal, varios arquitectos y una empresa constructora. Todo ello en el marco de unas pesquisas por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, además de usurpación (ya que algunos propietarios de parcelas han denunciado que se las ocuparon para construir ese vial).
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta también acordó incoar expediente sancionador y de reposición de la legalidad por estos hechos, tras una denuncia de la asociación de vecinos de San Miguel de Oia.
Así, ha constatado que las actuaciones realizadas en esa zona no son acordes a las recogidas en el proyecto presentado, y que se ha incurrido en una infracción grave por la realización de construcciones no autorizadas y en una infracción leve por el incumplimiento, por parte del promotor, de las condiciones del título administrativo otorgado para la obra.
La APLU ha acordado notificar como responsables de las infracciones a los propietarios de la parcela, al promotor de la obra, a una empresa constructora y a tres técnicos directores de esos trabajos, y requerirles para que corrijan la situación. Los interesados dispondrán de 15 días hábiles para presentar alegaciones, informes o la documentación que consideren oportuna.
Concello de Vigo
Por su parte, el gobierno municipal de Vigo ha emitido un comunicado en el que ofrece la «absoluta colaboración» de la Gerencia de Urbanismo con la Justicia, y en el que subraya que la administración municipal coopera «en todo momento» remitiendo la información que se le demanda.
Con todo, fuentes municipales han precisado que, en esta tramitación administrativa, «todos los acuerdos aprobados por el Consello de la Gerencia de Urbanismo fueron adoptados contando con informes técnicos y jurídicos favorables, no solo municipales, sino también los preceptivos de Costas de la Xunta de Galicia».
Según ha recordado el gobierno local, «la concesión de licencias es un acto reglado que determina la obligación de otorgar aquellas que se adecúan a la legalidad urbanística aplicable, de conformidad con los informes obrantes en los expedientes».
Asimismo, ha apuntado que las modificaciones de detalle de la urbanización del nuevo tramo viario «solo buscan la mejor adecuación al tratamiento en superficie», y ha recordado que ese tramo, cedido al Ayuntamiento, «es el que resulta de la transmisión obligatoria y gratuita otorgada en escritura pública» en septiembre de 2020.
Finalmente, ha puntualizado que el Ayuntamiento carece de competencias para «dirimir disputas en el ámbito de las propiedades privadas», y que las obras que se autorizaron en el tramo viario se proyectaron «íntegramente» sobre el terreno cedido al Ayuntamiento por los propietarios que acreditaron su titularidad.
