La igualdad es una cuestión de sentido común. Es algo obvio y absolutamente necesario. Pero la igualdad también es una cuestión de valía y de capacidad, independientemente del sexo o de la condición social, y eso debe prevalecer en todos los órdenes de la vida. Así, todas las medidas llevadas a cabo para lograr ese ansiado equilibrio son importantes, yo diría que incluso son imprescindibles en estos tiempos en los que aún se sigue discriminando a la mujer. Precisamente, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, acaba de anunciar algunas de esas medidas de paridad coincidiendo con la proximidad de las elecciones, sin duda, unas acciones anunciadas con interés electoral, algo que hacen todos los partidos sin distinción.
Sin embargo, en mi opinión, el gobierno de España se equivoca al promulgar una norma de paridad en las cúpulas de las grandes empresas. Las empresas privadas —grandes y pequeñas—, nos guste o no, dictan sus propias normas y no se les puede imponer la mencionada paridad, otra cosa muy diferente son las empresas y los organismos públicos. Por sus propios intereses, las empresas privadas ya se cuidan mucho de elegir a las personas más adecuadas para conseguir los fines que persiguen: el negocio, la rentabilidad. Nos guste o no, a las empresas privadas no les preocupa la paridad, sino la eficiencia. Por tal motivo, esta medida de paridad anunciada por Pedro Sánchez suena a medida electoralista, como un brindis al sol.
Suena a medida electoralista lo mismo que el pataleo —porque no deja de ser un pataleo— por la marcha de la empresa Ferrovial. No nos engañemos, y el gobierno lo sabe muy bien, cada empresa privada busca sus propios beneficios y la buena gestión consiste en tomar las medidas necesarias para alcanzar la máxima rentabilidad. Ferrovial se marcha de España en busca de mejores opciones de mercado y quizá también lo hagan otras grandes empresas. Claro que es malo para España, por supuesto. Pero el remedio no está en prohibírselo, porque no se le puede prohibir a una empresa privada que se marche a otro país. El remedio está en cambiar el marco fiscal. Si otros países disponen de legislación más beneficiosa para atraer empresas será cuestión de plantear unos cambios adecuados para poder competir al mismo nivel.
Algunos políticos incluso plantean solicitar la devolución de las ayudas estatales recibidas por esas empresas que se marchan. Eso no evitará la escapada. Además, ya puestos, ¿dónde quedó la reclamación del dinero con que se ayudó a las entidades bancarias en tiempos de crisis? Si hay libre mercado cada empresa tendrá que asumir los riesgos del negocio sin la protección del estado, o acaso las pequeñas y medianas empresas, o incluso lo propia ciudadanía, no merecen la misma consideración. ¿Por qué las grandes empresas tienen ese privilegio? Sin olvidarnos de que los políticos, a fin de cuentas, también son esclavos de las entidades bancarias y de las empresas —y empresarios— que financian sus campañas. En fin, ya se sabe que en época electoral siempre surgen promesas muy sonoras y demagógicas que luego se quedan en pura gaseosa.
