La Fiscalía ha presentado escrito de acusación contra el letrado de la Administración de Justicia investigado por apropiarse supuestamente de dinero de la cuenta del juzgado de Vigo en el que trabajaba, y pide para él 4 años de prisión y otros tantos de inhabilitación.
Según el escrito del ministerio público, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021, cuando este funcionario (antes denominados secretarios judiciales) desempeñaba su labor en un juzgado de primera instancia de la ciudad olívica.
Así, «abusando de su cargo y de sus funciones», y puesto de acuerdo con otras tres personas en un «plan preconcebido», expidió de forma irregular «y sin amparo ni causa legal ni justificación alguna» diferentes mandamientos de devolución desde la cuenta bancaria del juzgado, en favor de esas tres personas, también acusadas y consideradas por la Fiscalía cooperadoras necesarias del delito.
En el escrito de acusación se recoge que este secretario judicial expidió mandamientos de pago a uno de los acusados que sumaron unos 33.240 euros; en favor de otro, los pagos sumaron casi 135.000 euros; en favor de otro acusado, expidió mandamientos de pago que sumaron 30.061 euros; otros casi 32.000 euros en favor de la hermana de uno de los acusados; y otros mandamientos de pago en favor de personas del entorno de los procesados por más de 10.700 euros.
En total, la Fiscalía estima que este letrado se apropió de casi 241.000 euros, y lo considera autor de un delito continuado de apropiación indebida en su modalidad agravada, en sus modalidades de administración desleal y apropiación de los artículos 253.1 y 252.1 2 del Código Penal; mientras, los otros tres acusados sería autores, en concepto de cooperadores necesarios, de un delito continuado básico de apropiación indebida.
Para el funcionario, el ministerio público pide 4 años de cárcel, multa de 6.000 euros y 4 años de inhabilitación especial; mientras que para cada uno de los otros tres acusados reclama la pena de 2 años y 9 meses de prisión.
La Fiscalía estima que, para el secretario judicial, debe aplicarse la circunstancia agravante de abuso de funciones públicas, y también varias circunstancias atenuantes: la de drogadicción (en el momento de los hechos padecía un trastorno por adicción que afectaba levemente a sus capacidades), confesión (reconoció los hechos) y reparación del daño (devolvió ya 170.000 euros).
